El juzgado civil y comercial de Rosario condenó en forma solidaria a Bauen Arquitectura SRL., Pilay S.A. y Pilares SRL a pagar más de 80 millones de pesos y a entregar la posesión de un departamento que la pareja demandante había adquirido, marcando un precedente en la defensa de los derechos de los compradores de inmuebles.
El fallo, dictado el 12 de septiembre de 2026 por el juez Ricardo Ruiz, obliga a las tres empresas a abonar a los demandantes la suma de $ 22.950.000 en concepto de privación de uso, correspondiente al tiempo que el bien quedó sin ser entregado.
Adicionalmente, se estableció una penalidad de $ 850.000 por cada mes o fracción que transcurra desde el 3 de agosto de 2026 hasta que la unidad habitacional sea efectivamente entregada o se pague la prestación sustitutiva, lo que incrementa la presión económica sobre los responsables.
En materia de daño moral, el magistrado ordenó el pago de $ 20.000.000 a cada uno de los dos integrantes de la pareja demandante, sumando $ 40.000.000 en total, como reconocimiento del perjuicio psicológico y la frustración generada por el incumplimiento contractual.
La sentencia también incluye la obligación de abonar, a favor de los demandantes, el valor equivalente a veinte canastas básicas para el hogar 3, según el cálculo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), como multa civil prevista en el artículo 52 bis de la Ley 24.240.
Los intereses moratorios correspondientes se aplicarán sobre todas las sumas establecidas, incrementando la deuda total que las empresas deberán cubrir mientras no cumplan con la entrega del inmueble o el pago de la compensación.
La demanda, interpuesta por la pareja en junio de 2025, se fundamentó en el incumplimiento del Contrato de Locación de Obra suscrito con la Unión Transitoria de Empresas “Sistema Pilay”, que incluye a Bauen Arquitectura, Pilay S.A. y Pilares SRL como administradores del proyecto inmobiliario.
Con esta resolución, el juzgado envía un mensaje claro a los promotores de obras: la falta de entrega de los bienes adquiridos conlleva consecuencias económicas y legales significativas, reforzando la protección del consumidor en el sector de la construcción.
De acuerdo con información difundida por: Poder Judicial
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