El exfiscal Mariano Ríos Artacho fue imputado como presunto jefe de una asociación ilícita que habría desviado más de $424 millones de fondos judiciales entre 2017 y 2024, y admitió haber usado ese dinero como si fuera propio para cubrir deudas de juego.
El juzgado federal de la Capital, en la audiencia del 12 de septiembre de 2026, formalizó la imputación contra Ríos Artacho y ocho cómplices, entre los que se encuentran exfuncionarios de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani presentaron la acusación, señalando que el esquema consistió en la manipulación de cuentas judiciales destinadas a cauciones, fianzas y dinero secuestrado en procesos penales.
Según la investigación, Ríos Artacho, mientras ejercía como fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, decidía qué cuentas podían ser “liberadas”, firmaba los oficios de autorización y luego registraba las transferencias como supuestas restituciones o reparaciones a personas sin vínculo con los casos. Los movimientos, rastreados por la Unidad de Inteligencia Financiera, suman $424 969 592 al valor actualizado.
Durante la comparecencia, el exfiscal reconoció haber realizado las maniobras y describió el dinero de las cuentas judiciales como “fondos propios”. Declaró que su ludopatía, diagnosticada en 2013, lo llevó a retirar los recursos para pagar deudas de juego en casas de apuestas de Buenos Aires y Montevideo.
Ríos Artacho sostuvo que no existió una estructura organizada de asociación ilícita; afirmó que él mismo involucró a los demás imputados mediante órdenes y pedidos puntuales, y que actuó de forma unilateral. Aseguró que su intención ahora es colaborar con la justicia, ofreciendo documentos y contactos que pudieran esclarecer la cadena de transferencias.
La fiscalía, sin embargo, describe una red jerárquica que incluía a funcionarios de la Secretaría de la Corte y a contadores externos, quienes habrían facilitado la creación de órdenes de pago falsas. La acusación indica que los fondos fueron destinados a cuentas bancarias de terceros en el Banco Santander Río y el Banco Galicia, vinculadas a personas cercanas al exfiscal.
El tribunal fijó la próxima audiencia preliminar para el 28 de octubre de 2026, cuando se decidirá sobre la medida de aseguramiento y la posible prisión preventiva de los imputados. La defensa ha solicitado la libertad bajo caución para Ríos Artacho, argumentando que su colaboración activa reduciría el daño causado.
De acuerdo con información difundida por: Poder Judicial
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