El hurto de documentos clave en los Tribunales de Rosario el 8 de octubre de 1984, a apenas diez meses de la vuelta de la democracia, reaviva una investigación que podría esclarecer nuevos responsables de crímenes de lesa humanidad y reforzar la lucha judicial contra la impunidad.
El operativo clandestino fue ejecutado por una unidad de inteligencia del Ejército conocida como “Grupo de Acción Estratégica”, bajo órdenes del entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, el General Luciano Benjamín Menéndez. Los agentes irrumpieron en el edificio del Juzgado Federal N.º 1 de Rosario y se llevaron más de 1 200 expedientes que contenían testimonios, peritajes y pruebas fotográficas de desapariciones forzadas.
El robo quedó al descubierto el 12 de octubre de 1984, cuando el fiscal federal Carlos R. Márquez denunció la ausencia de los archivos durante una audiencia pública. La prensa de la época, encabezada por Clarín y La Nación, informó que los documentos incluían los “Expedientes del Juicio a los Jefes de la Junta” y la “Lista de Detenidos Políticos” compilada por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).
Ante la magnitud del delito, el presidente Raúl Alfonsín ordenó la creación de una comisión especial integrada por el ministro de Justicia, Dante Caputo, y el magistrado de la Corte Suprema, Enrique Pereyra, para rastrear los archivos y determinar la responsabilidad de los militares implicados. La comisión logró recuperar parcialmente 450 documentos en operativos de 1985, pero gran parte del material sigue desaparecido.
En los últimos meses, el caso ha cobrado nueva vida tras la decisión del 3 de noviembre de 2026 de la Corte Suprema de Justicia, que reabrió la causa bajo la figura de “destrucción de pruebas”. El tribunal señaló que la falta de los archivos vulnera el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación integral.
El Ministerio de Justicia, encabezado por la ministra Julieta Córdoba, anunció el 5 de noviembre de 2026 la apertura de una investigación paralela para identificar a los responsables actuales del encubrimiento. Se ha puesto en marcha una unidad de criptoanálisis para examinar los metadatos de los documentos digitalizados que fueron entregados a la Universidad Nacional de Rosario en 1992.
Organizaciones de derechos humanos, como la Asociación por los Derechos Humanos (APRODEH), han convocado a una marcha el próximo sábado 7 de noviembre de 2026 en la Plaza San Lorenzo, exigiendo la devolución de los archivos y la sanción de los militares que participaron en el asalto. El evento reunirá a sobrevivientes, familiares de desaparecidos y juristas que consideran el hallazgo como un punto de inflexión para la justicia transicional en Argentina.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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