Un tribunal de Buenos Aires condenó el 2 de noviembre de 2026 a un importante banco nacional a pagar $83.000.000 a una empresa que denunció la sustracción de fondos mediante operaciones electrónicas no autorizadas, generando un precedente judicial sobre la responsabilidad objetiva en el home banking.
La sentencia, dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia N° 15, sede Capital Federal, ordenó al Banco XYZ abonar la suma de $83.000.000, más intereses moratorios y costas judiciales, lo que eleva el total a superar los $100.000.000. El fallo se emitió el lunes 2 de noviembre de 2026, tras una audiencia en la que la parte demandante estuvo representada por el abogado Federico Tjor.
La empresa demandante, AgroInversión S.A., presentó la demanda ordinaria el 15 de septiembre de 2026, alegando que en su cuenta bancaria se registraron operaciones sospechosas: el rescate de cuotapartes de un Fondo Común de Inversión, 19 transferencias a terceros por $33.000.000 y 13 transferencias adicionales por casi $50.000.000, todas sin la firma electrónica válida requerida por la normativa.
El Banco XYZ sostuvo que las operaciones fueron ejecutadas mediante el ingreso del usuario y su clave de acceso, y confirmadas por un segundo factor de autorización mediante tarjetas de coordenadas, argumentando que el cliente había autorizado implícitamente cada movimiento. Sin embargo, la defensa no logró desvirtuar la ausencia de firma electrónica certificada.
El magistrado a cargo, la Dra. Laura Martínez, citó jurisprudencia que califica la actividad bancaria a través de canales electrónicos como “riesgosa”, imponiendo un factor de atribución objetiva a la entidad que administra el sistema. Según la sentencia, la entidad bancaria debe responder por los daños ocasionados, independientemente de la existencia de una autorización aparente del cliente.
En la parte resolutiva, el tribunal ordenó al banco depositar la cantidad reclamada en la cuenta de AgroInversión S.A. dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación, y fijó un interés compensatorio del 45 % anual a partir de la fecha de cada transferencia irregular. Además, se impusieron costas a cargo del banco, que ascienden a $5.200.000, según el cálculo presentado por la parte actora.
De acuerdo con información difundida por: Poder Judicial
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