Este viernes, los judiciales federales convocan un paro nacional de 24 horas que paraliza los tribunales de Rosario y otras sedes del Poder Judicial. La medida, motivada por una reclasificación salarial que según el gremio habría reducido su poder adquisitivo en un 30 % desde diciembre 2023, también incluye reclamos institucionales y de salud. La acción busca presionar a la Corte Suprema para que atienda las demandas salariales, de obra social y la oposición al traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires.
El paro, anunciado para el 12 de octubre de 2026, afectará la agenda judicial de Rosario, donde se suspenderán audiencias en los juzgados civiles, penales y de familia, y se pospondrán expedientes en la Fiscalía Provincial. Otras jurisdicciones, como la Corte Suprema de la Nación y los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, también registrarán una paralización total de sus funciones durante la jornada.
Lisandro Casale, secretario regional de los judiciales federales en Santa Fe, reiteró que la pérdida salarial del 30 % se basa en la variación del índice de precios al consumidor (IPC) acumulado entre diciembre 2023 y noviembre 2025, que superó los 80 %. El gremio sostiene que las actualizaciones salariales aplicadas por el Estado no compensan esa inflación, dejando a los empleados judiciales con un salario real significativamente menor.
Además del tema salarial, el sindicato denuncia la falta de designación de un representante gremial en la obra social de los judiciales, pendiente desde diciembre 2025. Casale señaló que la ausencia de este representante impide la defensa de los derechos de salud de los trabajadores y la negociación de coberturas adecuadas, lo que agrava la situación de vulnerabilidad del personal.
En el plano institucional, los judiciales federales se oponen al proyecto de ley que contempla el traslado de la Justicia Nacional del Trabajo de la órbita nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argumentan que tal cambio vulneraría la autonomía judicial y podría generar una centralización excesiva de competencias, afectando la distribución de casos a nivel nacional.
La Corte Suprema, a través del secretario de Relaciones Institucionales, Javier Méndez, indicó que está dispuesta a abrir una mesa de diálogo después del paro, pero subrayó que cualquier ajuste salarial deberá respetar los límites presupuestarios aprobados por el Congreso. Mientras tanto, los sindicatos de judiciales federales mantienen la presión para que se concrete una solución integral que incluya la recomposición salarial, la representación en la obra social y la garantía de la autonomía judicial.
De acuerdo con información difundida por: Poder Judicial
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