Con el Congreso disuelto y la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre, el Gobierno de Pedro Sánchez dio a conocer la versión revisada de los decretos que congelan desalojos y regulan el alquiler. La medida busca sortear la oposición de Junts y mantener la agenda de vivienda antes de que la nueva legislatura tome posesión.
El miércoles 7 de octubre, el Boletín Oficial del Estado publicó los textos modificados del Decreto‑Ley de Medidas de Protección frente a Desalojos y del Decreto‑Ley de Regulación del Mercado del Alquiler, tras la caída de los originales en la votación del 2 de octubre. Ambas normas fueron rechazadas en la cámara baja cuando Junts, liderado por Carles Puigdemont, se negó a respaldar el paquete por considerarlo insuficiente en la protección de los inquilinos.
El nuevo decreto de congelación de desalojos extiende la moratoria hasta el 31 de diciembre de 2024 y amplía los supuestos de vulnerabilidad, incluyendo a familias con ingresos inferiores al 60 % del salario medio nacional. Según el Ministerio de Derechos Sociales, más de 120 000 familias estaban en riesgo de desahucio en el último trimestre, una cifra que el Gobierno espera reducir en al menos un 30 % con la medida.
En cuanto a la regulación del alquiler, la versión revisada introduce un tope del 5 % anual en el aumento de rentas en municipios con más de 100 000 habitantes, y un límite del 3 % en localidades menores. La normativa también crea un registro obligatorio de contratos en la Dirección General de Vivienda, con el objetivo de mejorar la transparencia y facilitar la mediación entre arrendadores y arrendatarios.
La Diputación Permanente del Congreso, que asume la función legislativa durante la disolución, será quien decida si aprueba o vuelve a rechazar los textos. La sesión prevista para el 12 de octubre contará con la presencia del presidente de la Cámara, Meritxell Batet, y del portavoz del Gobierno, José Manuel Albares, quienes han subrayado la urgencia de cerrar la reforma antes de la campaña electoral.
Analistas del Observatorio de la Vivienda de la Universidad Complutense advierten que, aunque los decretos representan un avance, la falta de una ley de vivienda integral sigue siendo un vacío legislativo que podría dificultar la solución a largo plazo del problema habitacional. La oposición del Partido Popular y Vox ha prometido bloquear cualquier intento de ampliación de la moratoria, argumentando que vulnera los derechos de los propietarios.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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