En la recta final de la Legislatura porteña, el PRO y La Libertad Avanza reactivan la pugna por la agenda “ley y orden”, presentando dos iniciativas que buscan transformar el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires antes de las elecciones de 2025.
Jorge Macri, jefe de gobierno, presentó el proyecto “Reforzamiento de la Seguridad Urbana” el 12 de octubre de 2024, que propone elevar la multa mínima por infracciones de tránsito de 1.500 a 3.000 pesos y crear un registro electrónico de reincidencias para conductores que acumulen tres sanciones en un año.
Al mismo tiempo, la bancada de La Libertad Avanza, liderada por el diputado nacional Sergio Massa (no confundir con el economista), presentó el proyecto “Código Contravencional 2.0” el 15 de octubre, que incluye la incorporación de penas de detención de 30 días para delitos menores de violencia urbana y la habilitación de tribunales de contravenciones con jueces especializados.
El Concejo Deliberante, compuesto por 60 legisladores, abrió el debate el 20 de octubre y, según el registro oficial, 35 diputados votaron a favor del proyecto de Macri, mientras que 28 respaldaron la iniciativa de LLA, dejando 5 abstenciones que podrían ser decisivas en la votación final prevista para el 5 de noviembre.
Expertos de la Universidad de Buenos Aires advierten que la reforma propuesta por LLA podría incrementar la población carcelaria en 1.200 personas en el próximo año, dado que el Código actual registra 120.000 contravenciones anuales, de las cuales el 8 % se convierten en procesos judiciales.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad señaló que la medida de Macri busca reducir la reincidencia en un 12 % mediante el uso de tecnología de reconocimiento de matrículas, una herramienta que ya funciona en el distrito de Palermo desde 2022.
El enfrentamiento también se refleja en la campaña electoral: el PRO ha utilizado el tema para reforzar su discurso de “seguridad responsable”, mientras que LLA ha centrado su mensaje en la “rigurosidad punitiva” como respuesta a la percepción de inseguridad entre los vecinos del barrio de La Boca.
El próximo lunes, la Cámara de Diputados de la Ciudad celebrará una audiencia pública donde organizaciones de derechos humanos y representantes de la Cámara de Comercio expondrán sus posiciones, lo que podría inclinar la balanza legislativa antes del cierre de la legislatura en diciembre.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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