El tribunal federal de la Capital Federal revirtió la anulación del Decreto 759/2025, pero la decisión quedó pendiente de revisión por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. Mientras tanto, la medida cautelar que obliga al Estado a mantener el financiamiento universitario sigue en vigor, generando incertidumbre en cientos de instituciones.
El martes 8 de octubre de 2026, el juez Martín Cormick, de la Corte Federal N.º 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concedió el recurso de apelación interpuesto por el Estado Nacional contra la sentencia de la Sala de la Corte Suprema que había declarado inconstitucional el Decreto 759/2025. La resolución permite que la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario continúe mientras se resuelve el recurso.
El Decreto 759, publicado el 12 de junio de 2025, establecía la reducción del aporte estatal a las universidades públicas en un 15 % y la eliminación de ciertos subsidios a estudiantes de bajos recursos. La sentencia de primera instancia, dictada el 14 de julio de 2026, consideró que la norma vulneraba el principio de igualdad y la garantía constitucional de acceso a la educación superior.
El Gobierno Federal, representado por la Secretaría de Educación Superior, argumentó que la medida cautelar emitida el 20 de julio de 2026, que ordena mantener los niveles de financiamiento vigentes, es indispensable para evitar el colapso de la matrícula y la interrupción de proyectos de investigación. La apelación busca que la Cámara Contencioso revise la constitucionalidad del decreto y, en su caso, lo revoque.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, con sede en la sede judicial de la Corte Suprema en la Avenida Corrientes, recibirá los escritos del Estado y de la Universidad Nacional de La Plata, una de las instituciones más afectadas. La audiencia preliminar está prevista para el 15 de noviembre de 2026.
Mientras tanto, la Universidad de Buenos Aires informó que, de confirmarse la reducción del aporte, tendría que recortar 1.200 plazas de posgrado y suspender 35 proyectos de investigación financiados por fondos estatales, lo que impactaría a más de 8.000 estudiantes y docentes.
Expertos en derecho constitucional de la Universidad Torcuato di Tella advierten que la decisión de la Cámara podría sentar un precedente sobre la autonomía financiera de las universidades y la capacidad del Ejecutivo para modificar políticas de gasto público sin la aprobación del Congreso.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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