El Fondo Monetario Internacional reiteró su apoyo al plan de recorte de subsidios del Gobierno, calificándolos como “ineficientes y costosos”. La medida, anunciada el 2 de octubre, afecta a las tarifas de transporte y energía, y se estima que reducirá el gasto público en 2.300 millones de dólares al año, generando expectativas y protestas en la ciudadanía.
En una rueda de prensa celebrada el 3 de octubre en la sede del FMI en Washington, la directora de Asuntos Económicos, Kristalina Georgieva, declaró que los subsidios a la energía y al transporte “no alcanzan a los hogares más vulnerables y distorsionan el mercado”. El pronunciamiento coincidió con la publicación del informe de evaluación del programa de ajuste estructural de 2023, que recomendó una reducción del 15 % en la tarifa eléctrica y del 10 % en los precios del combustible público.
El Ministerio de Economía, bajo la conducción del ministro Luis Ortega, anunció que a partir del 1 de noviembre los precios del kilovatio hora subirán de 0,12 a 0,14 dólares, mientras que el costo del boleto de autobús urbano pasará de 0,80 a 0,92 dólares. El gobierno sostiene que la medida permitirá equilibrar el déficit fiscal, que alcanzó el 6,8 % del PIB en el segundo trimestre de 2026.
Los sindicatos de trabajadores del transporte y la Federación de Consumidores emitieron comunicados críticos el 4 de octubre, advirtiendo que la subida de tarifas impactará a más de 4,5 millones de usuarios urbanos. Sin embargo, el presidente del país, María Fernández, reiteró que el ajuste es “inevitable para garantizar la sostenibilidad fiscal y la inversión en infraestructura energética” y prometió un programa de compensación focalizada para los hogares con ingresos inferiores al 40 % de la mediana.
En la ciudad de Córdoba, la organización “Energía Justa” organizó una manifestación el 5 de octubre, con la participación de alrededor de 2.000 personas que exigían la suspensión del recorte. La protesta se desarrolló frente a la sede del Ministerio de Energía, donde los manifestantes portaron pancartas que leían “No a la carga social de la pobreza”.
Analistas del Banco Central, citados en una conferencia el 6 de octubre, señalaron que la reducción de subsidios podría mejorar la calificación crediticia del país, estimando una posible rebaja del spread de bonos soberanos de 150 a 120 puntos básicos. No obstante, advirtieron que la medida debe acompañarse de políticas de protección social para evitar un aumento de la pobreza energética.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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