La Cámara de Diputados retomará este martes la discusión en comisión del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía, después de que la Corte Suprema revocara la medida que había paralizado la venta de tierras a empresarios extranjeros, reavivando el debate sobre la protección del territorio y la inversión internacional.
El debate se llevará a cabo en la Comisión de Defensa Nacional, presidida por el diputado Juan Carlos Marino, a las 9:00 a.m. en el Palacio Legislativo de Buenos Aires. El texto propone, entre otras cosas, establecer límites a la adquisición de tierras agrícolas por parte de entidades no residentes y crear un registro nacional de propietarios extranjeros.
La decisión de la Corte Suprema se emitió el 12 de septiembre de 2024, cuando el pleno, bajo la presidencia del magistrado Horacio Rosatti, anuló el fallo de 2022 que había suspendido la “Ley de Protección de la Soberanía Territorial”. El tribunal argumentó que la medida anterior excedía los límites constitucionales al interferir con la libre circulación de capitales.
El recurso que dio origen a la suspensión había sido presentado por la coalición agroindustrial Procampo, que alegó que la norma vulneraba derechos de propiedad y desincentivaba la inversión extranjera. La paralización había detenido negociaciones de venta de extensas fincas de soja y maíz en Córdoba y Santa Fe, con un valor estimado de US$ 850 millones.
Quienes respaldan el proyecto, entre ellos el Frente de Todos y los gobiernos provinciales de Jujuy y Salta, sostienen que la ley es indispensable para evitar una nueva oleada de concentración de tierras por conglomerados multinacionales. Citan datos del Ministerio de Agricultura que indican que los propietarios extranjeros ya controlan el 12 % de la superficie cultivable, una cifra que ha aumentado tres puntos desde 2018.
Los detractores, encabezados por la Unión Cívica Radical y la cámara empresarial CADE, advierten que la propuesta podría contravenir los compromisos de Argentina con la Organización Mundial del Comercio y ahuyentar la inversión directa extranjera. Señalan un informe técnico del FMI que subraya la necesidad de mantener un clima de inversión estable para la recuperación económica.
Se prevé que la discusión se extienda más allá de la comisión, con una votación en el pleno proyectada para principios de noviembre. De aprobarse, la ley requerirá una mayoría cualificada de dos tercios en ambas cámaras, convirtiéndose en una prueba decisiva de la capacidad del gobierno para conciliar soberanía territorial y apertura económica.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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