Más de cien compradores de la agencia automotriz ubicada en Av. San Martín 2600, Rosario, siguen sin recibir los vehículos que pagaron, mientras la empresa se encaminaba a solicitar un concurso preventivo de acreedores. El abogado Santiago Barbarach, que representa a treinta de ellos, denunció que muchos de los autos usados entregados ya fueron transferidos a terceros, dificultando cualquier recuperación.
En una entrevista concedida a LT8 el 2 de septiembre de 2026, el abogado Santiago Barbarach informó que la agencia vendía “el usado y algún dinero con la promesa de un cero kilómetro”, garantizando una entrega en aproximadamente 40 días. Sin embargo, la fecha límite ya venció y más de cien clientes siguen sin recibir sus unidades.
Barbarach señaló que la problemática no se circunscribe a una sola marca; entre los modelos afectados se encuentran vehículos de Baic, Volkswagen, Peugeot y Chevrolet. La agencia nunca fue concesionaria oficial de ninguna de esas marcas, lo que complica la trazabilidad de los pedidos y la responsabilidad de los fabricantes.
Según el letrado, varios compradores entregaron su auto usado y parte del pago, pero esos vehículos fueron transferidos a terceros sin su autorización. En al menos quince casos, los autos ya aparecen registrados a nombre de otras personas, lo que hace imposible que los compradores originales los recuperen.
Las terminales automotrices involucradas alegan no haber recibido la documentación de compra correspondiente. “Es muy difícil saber si hicieron el pedido, si van a entregarlos”, afirmó Barbarach, subrayando la falta de registros oficiales que respalden las transacciones realizadas por la agencia.
De confirmarse el concurso preventivo, los más de 100 acreedores deberán presentar sus créditos ante el juez de la causa. El abogado adelantó que la vía de las cartas documento será la principal herramienta para reclamar los pagos pendientes y, en su caso, la restitución de los vehículos entregados.
Mientras tanto, los consumidores afectados han iniciado acciones colectivas en la justicia provincial y han pedido la intervención del Ministerio de Producción para que se investigue la posible comisión de estafas y se garantice la protección de sus derechos.
De acuerdo con información difundida por: Poder Judicial
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