Donald Trump lanzó una propuesta de “dividendo” de 5.000 dólares por ciudadano, vinculándola a la permanencia del Partido Republicano en el Congreso. La medida, anunciada en un mitin de campaña, ha reavivado el debate sobre la viabilidad fiscal y el impacto político de un pago masivo antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre.
El miércoles 9 de septiembre de 2026, en un mitin en Jacksonville, Florida, el expresidente reiteró que, de mantenerse la mayoría republicana en la Cámara y el Senado, el gobierno federal entregaría un “cheque de prosperidad” de 5.000 dólares a cada residente legal de los Estados Unidos. La promesa se presentó como respuesta a la inflación persistente y al descontento de la clase media.
Trump citó el “Plan de Prosperidad” de 2020, que había contemplado pagos directos de hasta 1.200 dólares, y argumentó que la nueva cifra sería suficiente para “activar la economía y devolver la confianza a los votantes”. El cálculo oficial indica que el programa costaría alrededor de 1,65 billones de dólares, una suma que supera el déficit proyectado para 2027.
El portavoz del Comité de Finanzas del Partido Republicano, Elise Stefanik, aseguró que la propuesta se financiaría mediante la reducción del gasto militar y la eliminación de subsidios a energías renovables, aunque expertos del Congressional Budget Office advierten que los recortes propuestos no cubrirían la totalidad del desembolso.
En Washington, el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, expresó su apoyo, señalando que el “dividendo” podría ser una herramienta electoral clave para consolidar el control legislativo. Por su parte, la líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó la medida de “irresponsable” y advirtió sobre posibles repercusiones en la calificación crediticia del país.
Analistas financieros de Goldman Sachs y Morgan Stanley coincidieron en que la inyección de efectivo a gran escala podría generar un impulso inflacionario a corto plazo, pero también un aumento del consumo en sectores como automotriz y vivienda. Sin embargo, subrayaron que la viabilidad política dependería de la capacidad del Congreso para aprobar una legislación que compense el gasto mediante recortes u otros ingresos.
Los votantes en estados clave, como Pensilvania y Michigan, reciben la propuesta con escepticismo; encuestas de Pew Research realizadas a finales de agosto muestran que el 48 % de los estadounidenses considera que el pago sería “una promesa vacía”, mientras que el 32 % lo ve como una “oportunidad para aliviar la presión económica”. La discusión continuará intensificándose en los próximos meses, justo antes del escrutinio del 3 de noviembre.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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