La jueza Andrea Brunetti, de la Justicia de Familia de Rosario, impuso este lunes una medida inédita que prohíbe al padre deudor de la cuota alimentaria ingresar a casinos, casas de lotería y plataformas de juego en línea, además de bloquearle el acceso a sus redes sociales, con el objetivo de garantizar el derecho alimentario de sus dos hijas menores.
En la resolución firmada el 12 de septiembre de 2026, la magistrada Brunetti ordenó la prohibición de ingresos a los establecimientos Casino City Center Rosario y Casino Victoria, así como a la Lotería de la provincia de Santa Fe, y a cualquier sitio de apuestas virtuales que opere bajo la legislación nacional.
El padre, identificado como Juan Carlos Méndez, de 42 años, llevaba más de ocho meses sin abonar la cuota alimentaria establecida en la sentencia de 2024, pese a los múltiples requerimientos judiciales y a la notificación de embargo de salarios realizada en marzo de 2026.
Según el expediente, la falta de pago había provocado la acumulación de una deuda de ARS 250.000, lo que obligó a la madre, María Elena Gómez, a recurrir a la asistencia social municipal para cubrir gastos de educación y salud de sus hijas, de 7 y 9 años.
La jueza Brunetti subrayó que “el derecho humano alimentario de los hijos debe ser priorizado frente a cualquier otro derecho, incluso el de los adultos”, y justificó la medida como necesaria para evitar que el progenitor siga desviando recursos hacia actividades de juego que comprometen su capacidad de cumplimiento.
Además, la resolución dispone el bloqueo de todas las cuentas de redes sociales del deudor, bajo el argumento de impedir la difusión de mensajes que puedan incitar al incumplimiento y a la desobediencia de la orden judicial.
Para hacer efectiva la medida, la autoridad judicial ordenó que se oficie de la resolución a los administradores de los casinos y a la Comisión Provincial de Juegos de Azar, quienes deberán registrar la restricción en sus sistemas de control de acceso a partir del 14 de septiembre.
El caso ha generado debate entre juristas y organizaciones de defensa de la infancia, que consideran la medida como un precedente importante para reforzar la garantía del derecho a la alimentación y la protección de menores frente a la irresponsabilidad parental.
De acuerdo con información difundida por: Poder Judicial
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