El intento del Gobierno de bloquear la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados fracasó, dejando abierta la vía para que la oposición avance proyectos clave sobre endeudamiento familiar y derechos de la discapacidad, mientras La Libertad Avanza busca una estrategia que evite dos derrotas legislativas consecutivas.
El miércoles 26 de junio, la Cámara de Diputados de la Nación debía reunirse para debatir dos proyectos de ley: el “Plan de Alivio al Endeudamiento Familiar”, impulsado por el bloque del Frente de Todos, y la “Ley de Inclusión y Acceso Universal para Personas con Discapacidad”, presentado por la bancada progresista. Ambos textos fueron citados por la oposición como prioridad para mitigar la crisis económica que afecta a más de 2,5 millones de hogares.
El Gobierno, liderado por el presidente Javier Milei, buscó el apoyo de sus aliados de La Libertad Avanza (LLA) y de la coalición Juntos por el Cambio para impedir el cuórum necesario y frustrar la votación. Sin embargo, en la reunión interna de LLA celebrada el lunes 24 de junio en la sede de la Cámara, los dirigentes admitieron que el cuórum sería inevitable y que la estrategia debía enfocarse en minimizar pérdidas en las comisiones.
Javier López, presidente de La Libertad Avanza, declaró que “aunque aceptamos la presencia de los diputados, confiamos en que la táctica de voto dividido nos permitirá evitar dos derrotas simultáneas”. La postura de LLA refleja la tensión entre la necesidad de mantener una imagen de fuerza y la presión para no ser percibidos como obstaculizadores de medidas sociales.
Por su parte, la ministra de Economía, Victoria Villarruel, advirtió que “el endeudamiento familiar ha alcanzado niveles históricos, con un 38 % de los hogares bajo presión de pagos”. El plan propuesto incluye la reestructuración de deudas menores a 200 mil pesos y la creación de un fondo de garantía estatal para microcréditos, medidas que, según el INDEC, podrían beneficiar a 1,8 millones de familias.
En el ámbito de la discapacidad, la diputada Marta Gómez (Frente de Todos) resaltó que “más de 150 000 argentinos con discapacidad siguen sin acceso pleno a servicios básicos”. La ley contempla la ampliación de la cobertura de dispositivos médicos y la obligatoriedad de adaptar espacios públicos, compromisos que fueron respaldados por la Organización Nacional de Personas con Discapacidad (ONAPDIS).
Mientras tanto, los analistas políticos de la Universidad de San Andrés, como el profesor Diego Paredes, señalan que el fracaso del Gobierno para bloquear la sesión podría debilitar su agenda reformista y abrir la puerta a negociaciones interpartidarias, especialmente si la presión social por alivio económico y derechos inclusivos sigue en aumento.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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