El Ejecutivo informó que la Fiscalía Federal recibió una denuncia penal contra cinco compañías petroleras extranjeras por extraer hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte bajo licencias británicas que la legislación argentina considera nulas, intensificando la disputa soberana sobre el Atlántico Sur.
La Oficina de Presidencia, a través del subsecretario de Coordinación Jurídica, Juan José Saer, anunció el miércoles 8 de septiembre de 2026 que la denuncia se presentó ante la Fiscalía Federal de la Nación, señalando a BP, Shell, TotalEnergies, ExxonMobil y Chevron como responsables de la supuesta infracción.
La acusación se sustenta en la Ley 26.659, sancionada en 2022, que tipifica como delito la explotación de recursos naturales en territorio argentino sin autorización del Estado; el artículo 4 de dicha norma establece penas de hasta cinco años de prisión para los directivos y multas que pueden superar los 500 millones de pesos.
La Cuenca Malvinas Norte, ubicada a aproximadamente 200 kilómetros al sur de la Isla Soledad, abarca cerca de 8.000 km² y se estima que contiene entre 2 y 3 mil millones de barriles de petróleo y 10 Tcf de gas, lo que la convierte en una zona estratégica para la política energética del país.
En 2023 el Reino Unido otorgó a las cinco empresas licencias de exploración bajo su administración de los Territorios Británicos del Atlántico Sur; sin embargo, Argentina nunca reconoció esas autorizaciones, manteniendo que la soberanía sobre las islas y sus alrededores le corresponde exclusivamente a la República.
Reacción internacional
El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido respondió el mismo día que las licencias fueron emitidas en 2023, afirmando que la explotación se realiza “de conformidad con el derecho internacional y el principio de autodeterminación de los pueblos”, y advirtió que cualquier medida judicial argentina podría afectar las relaciones comerciales bilaterales.
Expertos en derecho internacional, como la profesora María Eugenia Larrauri de la Universidad de Buenos Aires, señalaron que la denuncia penal abre la puerta a posibles sanciones económicas y a la suspensión de contratos, aunque advirtieron que la resolución definitiva dependerá de futuros pronunciamientos de tribunales internacionales.
El sector energético argentino recibió el anuncio con cautela; la empresa estatal YPF, representada por su directora ejecutiva, Gabriela Martínez, indicó que la medida busca “proteger los recursos naturales del país y garantizar que cualquier actividad productiva se realice bajo la normativa nacional”.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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