El nuevo gravamen al juego, anunciado el 3 de junio por el ministro Carlos Bianco, desencadenó una disputa interna en el peronismo bonaerense que pone en jaque la cohesión del kirchnerismo provincial y nacional, mientras se intensifica la discusión sobre el financiamiento de políticas sociales.
El gobernador Axel Kicillof impulsó la medida como parte del paquete fiscal presentado en la sesión del Consejo de Ministros de la Provincia, con el objetivo de recaudar aproximadamente 12 mil millones de pesos anuales para salud y educación. El impuesto contempla un 5 % sobre la facturación de los casinos físicos y un 2 % sobre las apuestas en línea, aplicable a partir del 1 de julio de 2024.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, dominada por la bancada kirchnerista del Frente de Todos, respondió con una serie de mociones que buscan frenar la iniciativa. El 7 de junio, el diputado José Luis Gómez presentó una solicitud de veto, argumentando que la carga fiscal afectaría a más de 3 000 empleados del sector y reduciría la inversión privada.
Los líderes kirchneristas, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente del bloque provincial, Sergio Massa, señalaron que la medida vulnera acuerdos previos sobre la regulación del juego y podría generar una fuga de ingresos hacia jurisdicciones vecinas. En una entrevista concedida el 9 de junio, Massa insistió en que cualquier reforma fiscal debe negociarse con la legislatura y respetar el consenso interno.
El debate se trasladó a la sala de la Cámara el 12 de junio, donde se esperan intervenciones de representantes de la industria del juego, como el presidente de la Asociación de Casinos de Buenos Aires, Marcelo Ríos, quien advirtió que el impuesto podría provocar la pérdida de hasta 150 millones de pesos en ingresos brutos en el primer año.
Mientras tanto, el gobierno nacional, liderado por Alberto Fernández, avanza en la discusión de una legislación federal similar que gravaría las plataformas de juego online a nivel nacional. La coincidencia de ambas iniciativas ha generado preocupación entre los analistas, quienes temen una duplicación de gravámenes que complique la recaudación y genere tensiones entre los distintos niveles de gobierno.
El conflicto interno se suma a otras divergencias recientes entre Kicillof y la dirigencia kirchnerista, como la discusión sobre la reforma del impuesto a los combustibles y la gestión de la deuda provincial. Observadores políticos consideran que la disputa podría desencadenar una reconfiguración de alianzas dentro del Frente de Todos, con posibles repercusiones en las próximas elecciones legislativas de 2027.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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