El Ejecutivo nacional calificó de “inaceptable” la medida de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires que suspendió la puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil, vigente desde el sábado 5 de septiembre tras su aprobación en el Congreso. La decisión de la jueza Marta Elba Pascual ha generado una fuerte polémica entre autoridades federales y provinciales, que se disputan la implementación de la reforma. El vocero del Gobierno, Adrián Ravier, exigió que el distrito se adhiera al marco legal y garantice la responsabilidad de los menores infractores.
El nuevo Régimen Penal Juvenil, sancionado por la Ley N.º 27.592 el 30 de agosto de 2026, busca sustituir el antiguo código que permitía la internación preventiva de menores. Entre sus principales cambios, se incluyen medidas de reinserción social, programas de educación y la aplicación de sanciones proporcionales a la gravedad del delito. La normativa entró en vigor el 5 de septiembre, coincidiendo con el inicio del nuevo ciclo judicial en la provincia de Buenos Aires.
En una conferencia de prensa realizada el 7 de septiembre en la Casa Rosada, el vocero Adrián Ravier manifestó que “lamentamos profundamente” la suspensión dictada por la jueza Pascual, quien argumentó la necesidad de revisar la constitucionalidad del texto. Ravier recordó que la reforma cuenta con el respaldo de 219 legisladores nacionales y que su objetivo es “garantizar que quienes delinquen, paguen” sin vulnerar derechos humanos.
La jueza Marta Elba Pascual, del Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, emitió su decisión el 6 de septiembre, citando posibles vulneraciones al principio de igualdad ante la ley y la falta de competencias provinciales para aplicar normas de alcance nacional. En su fallo, la magistrada solicitó al Congreso nacional que aclare los alcances del régimen y señaló que la provincia podría “desconocer” la normativa mientras se resuelve la controversia.
Organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación de Derechos de la Niñez (ADN) y el Centro de Estudios Penales (CEP), reaccionaron el 8 de septiembre pidiendo un diálogo interjurisdiccional. Ambas entidades resaltaron que la suspensión podría retrasar la reducción de la reincidencia juvenil y afectar a más de 12.000 menores que, según datos del Ministerio de Seguridad, están bajo proceso penal en la provincia.
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, convocó a una reunión de emergencia con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Justicia, Marcela Losardo, para el 9 de septiembre. En la agenda se espera definir los pasos a seguir para armonizar la normativa nacional con la jurisdicción provincial y evitar una fractura institucional que ponga en riesgo la seguridad y la reintegración de los jóvenes infractores.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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