El reciente decreto de Javier Milei que elimina a La Pampa del reparto de regalías del sistema hidroeléctrico Los Nihuiles revela un trasfondo económico: la reprivatización de la generación eléctrica del Atuel, que despierta expectativas en Mendoza y genera una fuerte reacción de la política pampeana.
El 12 de junio de 2024 el Ejecutivo nacional aprobó el decreto N.º 2024‑046, que modificó la Ley de Regalías de 2005 y suspendió la participación de La Pampa en la distribución de ingresos provenientes de la central Los Nihuiles, ubicada en la cuenca del río Atuel, en la provincia de Mendoza.
La medida fue impulsada por el ministro de Economía, Sergio Massa, quien argumentó que la reconfiguración del esquema de regalías permitiría “optimizar la inversión privada” en la infraestructura hidroeléctrica, una declaración que ha sido interpretada como una señal clara de que se abre la puerta a la venta de la concesión a grupos empresariales.
En el mismo día, la empresa estatal Hidroeléctrica del Atlántico (HEA) anunció la intención de licitar la explotación de la central Los Nihuiles a través de una oferta pública de venta (OPV) que se prevé lanzar en julio, con un valor estimado entre 2.300 y 2.800 millones de dólares, según la consultora energética Energy Insights.
El gobernador de Mendoza, Sergio Verón, manifestó su apoyo a la iniciativa, señalando que la privatización “generará empleo y modernizará la red de transmisión”, mientras que la presidenta de la Cámara de Diputados de La Pampa, María Eugenia Gutiérrez, denunció una “toma de decisiones unilateral” que vulnera los intereses de los agricultores y comunidades locales que dependen de los recursos hídricos.
Organizaciones ecologistas, como Greenpeace Argentina, advirtieron que la transferencia de la gestión a manos privadas podría priorizar la rentabilidad sobre la conservación del ecosistema del Atuel, una cuenca que ya enfrenta problemas de escasez de agua y deterioro de la biodiversidad.
El conflicto se intensificó el 20 de junio cuando la Asamblea Legislativa de La Pampa aprobó una resolución que solicita al Tribunal Federal de Recursos la anulación del decreto, argumentando que la medida viola la Constitución provincial al excluir a la provincia de los beneficios derivados de un recurso natural compartido.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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