El Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó un plan piloto que empleará glufosinato de amonio, herbicida vetado en la UE, para pulverizar cultivos de coca en una zona reservada del sur de Colombia. La decisión, anunciada el 8 de septiembre de 2026, ha reavivado el debate entre autoridades, comunidades campesinas y organismos internacionales sobre los riesgos sanitarios y ambientales.
El programa, impulsado por el Ministerio de Defensa bajo la coordinación del general Iván Velásquez, autoriza el uso de avionetas para rociar 5.200 hectáreas de coca en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, durante los próximos 90 días. La medida forma parte del “Plan de Erradicación Aérea 2026‑2027”, que busca reducir la producción de hoja de coca en un 15 % respecto al año anterior.
El glufosinato de amonio, clasificado por la Organización Mundial de la Salud como “moderadamente peligroso” y prohibido en la Unión Europea desde 2022, será aplicado a una concentración de 2 g/L, según el protocolo técnico entregado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). El ICA también supervisará la calibración de los equipos y la evaluación de residuos en suelos y cuerpos de agua.
El presidente Gustavo Petro defendió la estrategia en una rueda de prensa en Bogotá, argumentando que “la coca sigue alimentando la violencia y el narcotráfico; debemos usar todas las herramientas legales para combatirla”. Añadió que el proyecto incluye monitoreo ambiental y compensaciones a los agricultores que abandonen la actividad ilícita.
Organizaciones de derechos humanos, como la Comisión Colombiana de Juristas, y grupos ecologistas, entre ellos WWF Colombia, denunciaron la falta de consultas previas con las comunidades indígenas y campesinas de la zona. Señalan que el herbicida ha sido vinculado a problemas de fertilidad y alteraciones endocrinas en poblaciones expuestas.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han solicitado una revisión independiente del plan, advirtiendo que la falta de datos sobre el impacto a largo plazo podría comprometer los compromisos internacionales de Colombia en materia de salud y medio ambiente.
Si bien el piloto está programado para iniciar el 15 de septiembre, el gobierno ha establecido una comisión de seguimiento compuesta por representantes del ICA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Universidad Nacional de Colombia, que presentará un informe preliminar a finales de noviembre. El resultado de esa evaluación determinará si la estrategia se ampliará a otras regiones productoras de coca.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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