En el vigésimo quinto aniversario del 11‑S, archivos desclasificados confirman que la administración municipal de Nueva York conocía la presencia de gases tóxicos en la zona cero, pero mantuvo esa información oculta a la población y a los equipos de rescate, reavivando el debate sobre la gestión de la salud pública tras el atentado.
Los documentos, liberados en junio de 2024 mediante una solicitud FOIA, provienen del Departamento de Protección Ambiental (DEP) y de la Oficina de Gestión de Emergencias (OEM) de la ciudad. En ellos se registra que, desde el 12 de septiembre de 2001, los sensores instalados en el World Trade Center detectaron niveles elevados de cloruro de hidrógeno y óxidos de nitrógeno, compuestos que pueden irritar el aparato respiratorio y agravar afecciones preexistentes.
El entonces alcalde Rudy Giuliani recibió los reportes el 14 de septiembre y, según los archivos, decidió no divulgar la alerta al público ni a los bomberos, argumentando que la información “podría generar pánico”. En cambio, se emitieron comunicados que minimizaban el riesgo, enfocándose únicamente en la presencia de polvo de asbesto.
Expertos de la Universidad de Columbia, citados en los informes internos, advirtieron que la exposición prolongada a la mezcla de polvo, gases ácidos y partículas metálicas podría desencadenar enfermedades respiratorias crónicas. Sin embargo, la ciudad autorizó la re‑entrada de los trabajadores de rescate el 18 de septiembre, pese a que los niveles de toxicidad superaban los límites de seguridad establecidos por la EPA.
Los efectos en la salud se reflejan en los datos del Programa de Salud del 9/11, que hasta 2023 había registrado más de 7 000 casos de enfermedad respiratoria entre los primeros respondedores. La nueva evidencia sugiere que la falta de información oportuna pudo haber aumentado la exposición y, por ende, la morbilidad entre los afectados.
Repercusiones legales y de política pública
Tras la publicación de los documentos, grupos de veteranos y asociaciones de residentes de Lower Manhattan han presentado demandas contra la ciudad, alegando encubrimiento deliberado. En la corte federal de Manhattan, la demanda busca una compensación de 500 millones de dólares y la obligación de revelar todos los registros relacionados con la calidad del aire post‑ataque.
El actual alcalde Eric Adams, en una rueda de prensa el 9 de septiembre de 2026, prometió una auditoría independiente y la creación de un fondo para el tratamiento de enfermedades vinculadas al 11‑S. Además, la EPA ha anunciado una revisión de sus protocolos de emergencia para asegurar que futuros incidentes incluyan la divulgación inmediata de datos toxicológicos.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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