Una joven de 22 años, detenida por la muerte del niño de 6 años, Izan Aguirre, en el barrio Reyes de San Justo, será sometida a una evaluación psiquiátrica a instancia de la Justicia. La medida, solicitada para determinar su capacidad de culpabilidad, se produce tras la primera audiencia del caso, donde la Fiscalía la señaló como autora del homicidio agravado.
El miércoles 19 de agosto de 2026, Izan Aguirre fue encontrado sin vida en su domicilio del barrio Reyes, en la localidad bonaerense de San Justo. La investigación policial apuntó de inmediato a la madre del menor, Rocío M., de 22 años, quien fue arrestada y puesta a disposición del Servicio Penitenciario.
Durante la audiencia celebrada el 25 de agosto, la fiscal local Daniela Montegrosso presentó ante el juzgado la evidencia recabada, que incluye testimonios de vecinos y resultados de la autopsia que indican una causa violenta de fallecimiento. La fiscalía solicitó la imputación por homicidio agravado por vínculo, delito que puede conllevar cadena perpetua.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) aceptó la convocatoria de una junta médica para evaluar el estado mental de la acusada, en cumplimiento de la solicitud de la Justicia. La evaluación tiene como objetivo esclarecer si Rocío M. comprendía la ilicitud de sus actos al momento de cometerlos.
La defensa, representada por el abogado Carlos López, rechazó la orden de mantener a la joven bajo custodia carcelaria y solicitó su traslado a un hospital especializado en salud mental. La petición fue desestimada y la detenida sigue bajo la vigilancia del Servicio Penitenciario.
Hasta la fecha, no se registraron denuncias previas ni testimonios que señalaran antecedentes de maltrato en la familia, lo que complica la construcción de un perfil de violencia intrafamiliar. La falta de antecedentes ha generado debate entre expertos en criminología y salud mental.
El dictamen psiquiátrico, que se espera sea entregado en las próximas semanas, será determinante para decidir si la imputación se mantiene o si se abre la vía de un proceso penal con medidas de seguridad. En caso de confirmarse la capacidad de culpabilidad, la condena podría alcanzar la prisión perpetua.
De acuerdo con información difundida por: La Capital
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