La madre de Izán Aguirre, de 6 años, fue imputada por homicidio agravado en San Justo (Santa Fe) y permanecerá bajo reclusión preventiva mientras una Junta Especial de Salud Mental determina su imputabilidad, un caso que ha reavivado el debate sobre la violencia intrafamiliar y la atención psiquiátrica forense en la provincia.
El Juzgado de Garantías N.º 3 de Santa Fe, bajo la dirección del juez María Fernanda Gómez, formalizó la imputación el 22 de agosto de 2026, aplicando el artículo 79 del Código Penal que tipifica el homicidio agravado por vínculo familiar. La acusación se sustenta en la denuncia de la fiscalía provincial, que señala pruebas periciales y testimonios que vinculan a la madre con la muerte del menor.
El cuerpo de Izán Aguirre fue encontrado sin vida el 19 de agosto en la vivienda ubicada en la calle 12 de Octubre, número 345, después de que vecinos alertaran a la Policía de Santa Fe por ruidos extraños. La autopsia, realizada por el Instituto de Medicina Legal de la ciudad, determinó una causa de muerte violenta, con lesiones compatibles con una agresión física prolongada.
Durante la audiencia de imputación, la fiscalía, encabezada por la diputada provincial Ana Lucía Ríos, solicitó la medida de prisión preventiva, argumentando que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. La defensa, representada por el abogado Carlos Méndez, solicitó la libertad bajo caución, alegando la necesidad de una evaluación psiquiátrica urgente.
Evaluación psiquiátrica y proceso judicial
El tribunal ordenó la intervención de la Junta Especial de Salud Mental de la Corte Provincial, compuesta por psiquiatras forenses, para dictaminar sobre la imputabilidad de la acusada dentro de los próximos 30 días. Este cuerpo evaluará si la madre padece un trastorno mental que le impida comprender la ilicitud de sus actos, conforme a la legislación nacional sobre inimputabilidad.
En caso de que la Junta concluya que la madre es inimputable, la legislación argentina prevé su internación en un establecimiento psiquiátrico de seguridad, mientras que, de ser considerada imputable, seguirá el proceso penal con la posibilidad de una pena privativa de libertad de hasta 25 años, según lo establece el Código Penal para homicidio agravado.
El caso ha generado una fuerte reacción en la comunidad de San Justo, donde organizaciones de derechos de la infancia y de salud mental han pedido una mayor prevención de la violencia intrafamiliar y la mejora de los recursos de salud mental para familias en riesgo. La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia anunció que revisará los protocolos de intervención temprana a raíz de este hecho.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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