El crimen de Eduardo Trasante sigue sin autores materiales ni intelectuales a seis años del hecho

A un nuevo aniversario del asesinato del pastor y exconcejal rosarino, la investigación judicial mantiene bajo condena perpetua a los partícipes logísticos, pero el móvil y la identidad de los sicarios permanecen impunes.

El asesinato de Eduardo Trasante, referente social, pastor evangélico y exconcejal de la ciudad de Rosario por el partido Ciudad Futura, cumplió seis años sin que la justicia santafesina haya logrado identificar a los autores materiales ni a los planificadores intelectuales del ataque. El hecho, ejecutado en la tarde del 14 de julio de 2020 en el domicilio particular de la víctima, alteró la agenda política local y expuso la facilidad operativa con la que las organizaciones criminales de la región pueden vulnerar la seguridad de una figura pública de alto perfil.

A pesar de que el proceso judicial ventilado en los tribunales provinciales durante 2024 culminó con penas de prisión perpetua para cuatro integrantes de una red de apoyo logístico, las preguntas fundamentales sobre el móvil del crimen continúan sin respuesta. El expediente penal logró reconstruir la ruta del vehículo utilizado por los atacantes y la cadena de custodia del armamento empleado, pero los fiscales del caso admiten que la estructura jerárquica que ordenó la ejecución del exlegislador permanece oculta tras los eslabones intermedios de las bandas periféricas.

La figura de Trasante poseía una alta carga simbólica en el tejido social rosarino debido a su doble rol como líder religioso y militante por los derechos de las víctimas de la violencia urbana. Su llegada al Concejo Municipal de Rosario se produjo tras un extenso proceso de exposición pública motivado por tragedias personales que lo convirtieron en un emblema del reclamo de justicia frente a la impunidad de las bandas narcocriminales que operan en los barrios vulnerables del Gran Rosario.

Una trayectoria marcada por la violencia estructural y el salto a la política

La vinculación de Eduardo Trasante con las problemáticas de la criminalidad organizada se inició de forma trágica el 1º de enero de 2012. En aquella jornada, su hijo Jeremías fue una de las tres víctimas del denominado "Triple Crimen de Villa Moreno", un episodio donde militantes del Movimiento Evita fueron acribillados por error por una banda que buscaba venganza tras un ataque previo. Dos años más tarde, la tragedia volvió a golpear a la familia cuando su otro hijo, Jairo, fue asesinado a tiros a la salida de un establecimiento nocturno en el macrocentro de Rosario.

Frente a la pérdida de sus hijos, Trasante asumió una postura de visibilización pública y acompañamiento a familiares que atravesaban situaciones similares. Este activismo territorial llamó la atención de la conducción del partido Ciudad Futura, espacio que lo convocó para encabezar la lista de candidatos a concejales en las elecciones de 2017. Tras una campaña centrada en la pacificación de los barrios y la reforma de las estructuras policiales, el pastor obtuvo una banca en el Palacio Vasallo, cargo que ocupó hasta su renuncia a finales de 2018 debido a un protocolo interno de la fuerza política.

Para mediados de 2020, el contexto de seguridad en Rosario registraba un repunte de la violencia letal tras el levantamiento paulatino de las restricciones de circulación sanitaria por la pandemia de Covid-19. Las estadísticas del Observatorio de Seguridad provincial indicaban que solo en el mes de junio de ese año se habían perpetrado 17 homicidios en el departamento, consolidando un escenario de conflictividad interbarrial que preanunciaba el ataque contra el exconcejal.

La mecánica del ataque sicario en el barrio San Nicolás

La reconstrucción técnica realizada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) determinó que el ataque se ejecutó a las 14:42 del martes 14 de julio de 2020. Las cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas en las inmediaciones de la calle San Nicolás al 3600 registraron el paso de un automóvil Peugeot 308 de color blanco, el cual presentaba una abolladura característica en una de sus puertas laterales. El vehículo aminoró la marcha frente a la vivienda de Trasante antes de estacionar a pocas cuadras, en un pasaje lindero.

Del rodado descendieron dos hombres que se dirigieron a pie hacia la propiedad del exconcejal. Al llegar a la puerta, los sospechosos llamaron y fueron atendidos en primera instancia por la hija de la pareja de Trasante, Carolina. Al notar que se trataba de desconocidos, la joven alertó a su madre, quien se dirigió a la entrada. Los hombres preguntaron de manera directa por "el Edu" y afirmaron que concurrían en representación de una de las hijas del pastor, mencionándola por su apodo familiar para generar confianza.

Una vez que se franqueó el acceso, los agresores extrajeron armas de fuego y redujeron a la mujer bajo amenazas. "A vos y a tus hijos no les va a pasar nada", manifestó uno de los sicarios mientras obligaban a la pareja de la víctima a llamarlo para que descendiera de la planta alta de la propiedad. Trasante se asomó por la estructura de la escalera y, al notar la presencia de los desconocidos, intentó cubrirse. Los atacantes efectuaron dos disparos: el primero impactó en su mano en un ademán defensivo, mientras que el segundo proyectil ingresó en la zona craneal, provocándole la muerte de forma inmediata en el lugar.

Condenas logísticas y el rol de las cárceles federales en el entramado

La investigación penal preparatoria logró avanzar sobre la estructura de apoyo que facilitó el atentado, pero no sobre los tiradores. Los fiscales Gastón Ávila y Matías Edery lograron acreditar en el juicio oral que la adquisición, el ocultamiento y la entrega del Peugeot 308 blanco utilizado en el hecho estuvo coordinada por una célula operativa asociada al comercio de estupefacientes a gran escala.

La acusación fiscal ubicó en el centro de la estructura al ciudadano de nacionalidad peruana Julio Andrés Rodríguez Granthon, un piloto civil que cumple condena en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz como jefe de una de las organizaciones de provisión de cocaína más importantes de la región central del país. De acuerdo con las pruebas recolectadas en las pericias telefónicas, Rodríguez Granthon gestionó desde el interior de su pabellón la compra del vehículo robado que posteriormente se utilizó en la ejecución.

Junto al sindicado como organizador, los jóvenes Alejo Leiva, Facundo López y Brian Álvarez fueron declarados culpables como coautores de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego. El tribunal consideró probado que los tres implicados ejecutaron las directivas de la cúpula criminal a sabiendas de que el automóvil estaba destinado a un atentado letal, aunque el debate oral no aportó precisiones sobre si conocían que la víctima final sería el exintegrante del cuerpo legislativo local.

Las líneas de investigación truncas y el reclamo de Ciudad Futura

A pesar de la contundencia de las penas de prisión perpetua dictadas contra el eslabón logístico de la banda, el descontento de los familiares y de los integrantes del partido Ciudad Futura persiste ante la falta de novedades sobre el trasfondo del crimen. Al término del juicio celebrado en 2024, los fiscales del caso indicaron a la prensa que el debate había aportado indicios sobre la identidad de uno de los presuntos autores materiales, señalando a "una persona muy concreta" que habría integrado el dúo que ingresó a la vivienda de la calle San Nicolás.

Sin embargo, a más de dos años de emitido el fallo condenatorio y a seis años del asesinato, las fiscalías especializadas en Criminalidad Organizada no han formalizado nuevas imputaciones ni se han registrado detenciones ligadas a los ejecutores directos. La sospecha de que el crimen respondió a un entramado político-policial o a un mensaje directo hacia las estructuras institucionales de la ciudad sigue sobrevolando los despachos judiciales sin que existan pruebas de cargo que permitan elevar una nueva hipótesis a la etapa de juicio.

Para los allegados a la víctima, la parálisis de la causa consolida un mensaje de impunidad en un distrito que intenta revertir sus índices históricos de violencia. Desde los bloques legislativos de la oposición local insisten en que el esclarecimiento total del caso Trasante constituye una deuda institucional prioritaria, ya que representa el único asesinato de un exmiembro del Concejo Municipal en la historia democrática reciente de la provincia de Santa Fe, un hecho que delimitó un punto de inflexión en las metodologías de coacción utilizadas por las mafias urbanas.

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De acuerdo con información difundida por: La Capital