La entidad que agrupa a los profesionales de la matrícula de Rosario denunció una desigualdad estructural en los concursos públicos, advirtiendo que el reglamento vigente favorece de forma desproporcionada a la carrera interna y colisiona con la Constitución Provincial reformada.
El Colegio de Abogados de Rosario presentó un enérgico reclamo formal ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe con el objetivo de forzar una reforma urgente e integral en los procedimientos de selección para cubrir los puestos de mayor jerarquía en la estructura judicial. La presentación institucional apunta de forma directa contra el concurso actualmente en trámite para designar al nuevo secretario de Gobierno del máximo tribunal, un cargo clave en el andamiaje administrativo del Poder Judicial santafesino. Según la entidad, las reglas de juego vigentes anulan la competencia real y marginan a los profesionales independientes.
La denuncia central de la conducción de la matrícula se enfoca en la existencia de una asimetría regulatoria que impide a los abogados que ejercen de manera libre la profesión competir en condiciones de paridad frente a quienes ya revistan como empleados o funcionarios del propio sistema judicial. Desde la perspectiva de la entidad gremial, el entramado normativo implementado para evaluar a los aspirantes desvirtúa el espíritu de las convocatorias públicas, transformándolas en un mecanismo automatizado de promoción interna que restringe el acceso de sectores externos calificados a los estamentos de decisión del Estado provincial.
Barreras normativas y colisión con la Constitución de 2025
El núcleo del cuestionamiento jurídico radica en la incompatibilidad manifiesta que, según el Colegio de Abogados, existe entre el Reglamento para la Provisión de Cargos de Funcionarios en el Poder Judicial y el nuevo texto de la Constitución de la Provincia de Santa Fe sancionada en 2025. Los letrados argumentan que el marco normativo actual arrastra una matriz de diseño de carácter marcadamente cerrado que entra en contradicción directa con los artículos 20 y 128 (inciso 5) de la carta magna reformada, los cuales promueven la democratización, la transparencia y la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública.
"En virtud del reciente marco de legalidad que rige en nuestro territorio, resulta indispensable exigir la inmediata adecuación de los procedimientos internos a los estándares de transparencia, igualdad y concurrencia republicana exigidos por nuestra ley fundamental", sostiene el documento emitido por las autoridades de la matrícula rosarina. Para la institución, la reforma constitucional del año pasado inauguró un cambio de paradigma definitivo que obliga a todas las estructuras estatales, incluido el Poder Judicial, a revisar sus reglamentaciones internas y extirpar cualquier vestigio de corporativismo.
Los abogados independientes enfatizan que las reglas actuales elevan barreras cualitativas y cuantitativas que resultan virtualmente insalvables para quienes desarrollan su trayectoria en el ámbito privado. Al no ponderarse de manera equivalente los méritos académicos y la experiencia en el ejercicio liberal de la abogacía, el proceso pierde su carácter de "concurso público abierto" para convertirse, en los hechos, en un simple trámite administrativo de cooptación endógena.
Los puntos críticos que profundizan la desigualdad
Para ejemplificar lo que consideran una situación de flagrante injusticia distributiva de puntajes, el Colegio de Abogados detalló una serie de ítems del reglamento que distorsionan el resultado de las evaluaciones antes de la compulsa técnica. En primer lugar, cuestionan la asignación desproporcionada de puntaje por el mero cómputo de la antigüedad interna dentro del Poder Judicial, una variable que configura una ventaja automática a favor de los agentes internos sin importar su nivel de actualización académica o su solvencia técnica para el puesto.
Asimismo, la entidad arremetió contra el impacto excluyente que genera la denominada "bonificación por cargo", un beneficio que opera como un acelerador de puntaje para quienes ya ocupan escaños intermedios en los tribunales, reduciendo el concurso a una promoción vertical. A esto se le suma la inclusión de rubros catalogados como endogámicos, entre los que se destacan la reserva de calificaciones base por variables de cumplimiento interno como la asistencia, la puntualidad y la conducta, parámetros que un profesional de la matrícula externa no tiene posibilidad de acreditar bajo la misma metodología.
Finalmente, el reclamo pone la lupa sobre la exclusividad que el reglamento otorga a la ponderación de los trayectos formativos dictados de manera oficial por el Centro de Capacitación Judicial, restando valor relativo a posgrados, maestrías y doctorados dictados por universidades públicas o privadas de prestigio nacional e internacional. Esta configuración, advierten, anula la equivalencia de trayectorias y consagra un sesgo institucional que debilita la idoneidad como requisito primordial.
El pedido de reforma y la prórroga de la inscripción
Ante este escenario de conflicto institucional, el Colegio de Abogados de Rosario formalizó una doble exigencia ante los ministros de la Corte Suprema. Por un lado, requirió la modificación integral e inmediata del Reglamento de Concurso de Funcionarios para adaptarlo materialmente a las mandas republicanas de la Constitución de 2025. Por el otro, solicitó formalmente la suspensión o extensión de los plazos de inscripción actualmente vigentes para el llamado a concurso de la secretaría de Gobierno, con el fin de evitar que el cargo sea asignado bajo reglas que consideran viciadas de nulidad constitucional.
"Un concurso diseñado por y para la corporación judicial no es un concurso constitucionalmente válido y es muy difícil de explicar de cara a la sociedad", concluye el pronunciamiento de los profesionales de la matrícula. El planteo abre un compás de espera y tensión en los pasillos de los tribunales santafesinos, en momentos donde la sociedad civil y los poderes políticos demandan mayores niveles de apertura, examen público y eficiencia a las máximas autoridades judiciales de la provincia.
De acuerdo con información difundida por: La Capital
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