El ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, reclamó herramientas de intervención policial directa para evitar el colapso del sistema penal y garantizar respuestas inmediatas en la vía pública.
El debate parlamentario alrededor de la regulación y prohibición de los cuidacoches en la provincia de Santa Fe sumó una definición política de fuerte impacto operativo. En las horas previas a una sesión clave en la Legislatura, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, fijó la postura oficial del Poder Ejecutivo respecto a la reforma del Código de Convivencia. El funcionario advirtió sobre la necesidad de diseñar una normativa estrictamente ágil para el personal policial de calle, rechazando de manera tajante cualquier esquema legal que sature los tribunales provinciales con expedientes contravencionales.
La discusión legislativa, que mantiene bajo la lupa la actividad informal en los principales centros urbanos de la provincia, plantea un escenario de tensión entre la tolerancia cero y los programas de asistencia social. Ante esto, la conducción de la cartera de Seguridad santafesina busca evitar que la nueva ley se convierta en una carga económica y administrativa para el Poder Judicial, priorizando la capacidad de control territorial inmediato por sobre los procesos penales tradicionales.
El rechazo al gasto judicial y la saturación del sistema penal
El eje central de la advertencia del ministro Cococcioni radica en la sustentabilidad financiera de la reforma. Desde la perspectiva del Ministerio de Seguridad, movilizar la estructura del Ministerio Público de la Acusación, defensores oficiales y magistrados para procesar penalmente a un cuidacoches representa una asignación ineficiente de los recursos públicos en un contexto de prioridades complejas en materia de seguridad ciudadana.
"No me traten al trapito como que hay que hacerle un juicio y nombrar un fiscal. Eso es un gastadero de plata y hay formas más baratas de resolverlo, como habilitar al policía para que lo saque y listo", argumentó Cococcioni, cuestionando de forma implícita los agregados burocráticos debatidos en la Cámara de Diputados. La intención del Ejecutivo es impedir que las comisarías y los destacamentos se transformen en receptorías de trámites administrativos engorrosos que terminen retirando agentes del patrullaje activo en los barrios.
Facultades directas para la policía en el espacio público
Para operativizar el control en las zonas comerciales, gastronómicas y de espectáculos masivos, el Ministerio de Seguridad detalló una propuesta técnica basada en el poder de policía directo. La alternativa defendida por el Ejecutivo santafesino contempla dotar a los efectivos de la Policía de Santa Fe de atribuciones legales claras para intervenir ante la detección del cuidacoches o frente al llamado de denuncia de un conductor, procediendo al retiro inmediato de la persona del lugar sin necesidad de una orden judicial previa.
La pieza jurídica clave que impulsa la gestión provincial es el denominado "decreto penal contravencional de prohibición de concurrencia". Este instrumento legal permitiría a las fuerzas de seguridad remover al infractor mediante el uso legítimo de la fuerza pública y aplicar una restricción formal de retorno al cuadrante urbano afectado, bajo apercibimiento de sanciones legales severas en caso de reincidencia. El foco está puesto en la disuasión rápida y en la recuperación del espacio público en tiempo real, garantizando la tranquilidad del ciudadano de manera instantánea en la vereda.
Una problemática con asimetrías geográficas en la provincia
El diagnóstico oficial reconoce que el fenómeno de los cuidacoches no presenta características uniformes en todo el territorio santafesino. Cococcioni matizó que las realidades son disímiles según la densidad demográfica y la infraestructura de cada localidad, señalando que existen municipios de mediana o pequeña escala que optaron por otorgar tiqueteras oficiales a cooperativas de cuidacoches en lugar de implementar sistemas tecnológicos de estacionamiento medido mediante aplicaciones móviles.
Por esta razón, la estrategia del Ministerio de Seguridad propone criminalizar o penalizar la actividad puntualmente en aquellos distritos donde los gobiernos locales ya hayan prohibido la práctica de forma taxativa a través de sus propias ordenanzas municipales. La cartera asume que la actividad informal puede funcionar como un factor criminógeno que eleva el riesgo urbano al generar un contacto social no solicitado por los automovilistas, el cual muchas veces deriva en situaciones de coacción o extorsión encubierta en las calzadas de alta circulación.
El escenario legislativo ante la reforma del Código de Convivencia
La presión del Ejecutivo provincial añade un elemento de realismo logístico a las negociaciones que mantienen los senadores y diputados santafesinos. El texto original que establecía la prohibición total de la actividad regresó a la Cámara alta con modificaciones introducidas por la Cámara baja, las cuales incluían pautas de inclusión social y la intermediación de equipos de mediación judicial. Para el Ministerio de Seguridad, la efectividad real de la ley en el mediano plazo dependerá exclusivamente de que se consolide como una norma de aplicación barata, directa y de resolución ejecutiva en el terreno de juego.
La resolución de este marco normativo definirá el modo en que las grandes urbes como Rosario y Santa Fe abordarán el ordenamiento de sus calles principales. Con los niveles de conflictividad actuales, la introducción de herramientas contravencionales rápidas busca dar respuesta a una demanda histórica de los sectores comerciales y vecinales, quienes reclaman una presencia estatal efectiva que regule el uso democrático del suelo urbano sin los tiempos ni los costos económicos que demanda la justicia penal ordinaria.
De acuerdo con información difundida por: La Capital
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