Desmantelan un búnker narco en barrio Gráfico y detectan nexos con el Peruano Rodríguez Granthon

El búnker demolido en la zona oeste funcionaba sobre un terreno del municipio de Rosario y estaba vinculado a una serie de homicidios y extorsiones recientes.

La lucha contra el narcomenudeo en Rosario sumó un nuevo capítulo en la zona oeste con la demolición de una estructura edilicia utilizada para la comercialización de estupefacientes a escala barrial. El operativo, ejecutado bajo los lineamientos de la Ley de Microtráfico, tuvo lugar en la cuadra de Benteveo al 700, en el corazón de barrio Gráfico. Las tareas de derribo Civil confirmaron que el inmueble no solo funcionaba como un puesto de venta de drogas, sino que operaba de manera activa como un centro logístico para la planificación de balaceras, aprietes y homicidios.

La intervención estatal en el predio expuso una trama judicial compleja que excede el comercio de sustancias prohibidas. De acuerdo con las evidencias acumuladas por el Ministerio Público de la Acusación, las personas que administraban este puesto de venta responden de forma directa a la estructura delictiva comandada por Julio Andrés Rodríguez Granthon, el temido capo narco de origen extranjero alojado en el sistema penitenciario federal. El avance de las topadoras sobre la construcción precaria representa el quinto procedimiento de estas características dentro de la misma jurisdicción urbana en los últimos meses.

El despliegue de las fuerzas provinciales de seguridad estuvo acompañado por funcionarios de las carteras de Justicia y del municipio local, quienes coordinaron el aseguramiento del perímetro para evitar represalias en una zona castigada por los enfrentamientos armados. Los informes preliminares de inteligencia criminal señalan que el búnker demolido había copado de forma ilegal un sector estratégico del barrio, alterando la rutina de los vecinos de las inmediaciones mediante un esquema sistemático de amenazas coactivas.

Una investigación integral basada en peritajes telefónicos y denuncias de vecinos

La desactivación de este punto crítico de venta de estupefacientes fue el corolario de un seguimiento prolongado liderado por la fiscal Alejandra Raigal y coordinado en el territorio por la unidad especializada en Microtráfico a cargo de Mercedes Banchio. La estrategia procesal de las funcionarias judiciales consistió en unificar las carpetas de investigación penal para abordar la problemática de forma territorial, en lugar de tramitar los expedientes de manera aislada como simples episodios de infracción a la ley de drogas.

El volumen probatorio que permitió fundamentar la orden de demolición se nutrió principalmente del cruce de datos informáticos obtenidos de teléfonos celulares secuestrados en allanamientos previos. Los peritos de las agencias de investigación lograron reconstruir la cadena de mandos y los roles jerárquicos de los sospechosos que reportaban a la banda, detectando que las órdenes de ejecución de ataques armados en la zona norte y oeste de Rosario se gestionaban desde las inmediaciones de la propiedad ahora destruida.

Asimismo, la Fiscalía ponderó el uso de herramientas legales de protección para los habitantes del barrio, tales como los llamados anónimos al sistema de emergencias 911 y las declaraciones testimoniales bajo estricta reserva de identidad, un mecanismo amparado por la Ley Nacional de Estupefacientes vigente. Estas declaraciones protegidas resultaron cruciales para georreferenciar los búnkeres activos y comprobar el nivel de vulnerabilidad de las familias afectadas por el control territorial que ejercían los segundones de la organización criminal.

La conexión carcelaria y el control territorial de Rodríguez Granthon

La sombra del "Peruano" Rodríguez Granthon vuelve a posicionarse en el centro de las crónicas policiales de Rosario a partir de esta nueva causa unificada. El jefe narco, quien cumple múltiples condenas de prisión efectiva en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, entre ellas una pena por la logística previa al asesinato del exconcejal Eduardo Trasante, mantiene un control remanente de las franquicias criminales del oeste a través de directivas que logran sortear los controles en los pabellones de máxima seguridad.

Los investigadores judiciales constataron que varios de los detenidos en las últimas tandas de allanamientos complementarios en barrio Gráfico ya se encuentran bajo el régimen de prisión preventiva obligatoria, acusados de integrar una asociación ilícita altamente lesiva. La banda utilizaba el búnker de la calle Benteveo como un "aguantadero" seguro para ocultar el armamento pesado de la organización y para resguardar a los gatilleros tras la ejecución de atentados contra propiedades comerciales y viviendas particulares.

"Lo relevante del esquema de trabajo actual consiste en no limitarse a la incautación de las dosis de estupefacientes, sino avanzar sobre las estructuras físicas que dan soporte a las economías ilegales", detallaron voceros vinculados a las carteras de seguridad santafesinas. El perfil delictivo de la facción ligada a Rodríguez Granthon se caracteriza por una marcada agresividad institucional, disputando los mercados minoristas mediante el uso de armamento de grueso calibre y la extorsión a los comerciantes de los barrios periféricos.

Ocupación de terrenos estatales y estadísticas de derribos bajo la nueva ley

Un dato que generó profunda preocupación en las esferas oficiales es que la edificación utilizada como búnker se encontraba asentada sobre un terreno de propiedad del Estado municipal de Rosario. El secretario de Seguridad provincial, Omar Pereyra, ratificó que el inmueble funcionaba como un polo de atracción para actividades delictivas complejas debido a su condición de irregularidad dominial, lo que facilitaba que fuera modificado ediliciamente con dobles paredes y aberturas blindadas para retrasar el ingreso de la policía.

A partir del desalojo y posterior demolición de la estructura, las autoridades del Ministerio Público de la Acusación iniciaron mesas de trabajo conjuntas con los equipos técnicos de la Municipalidad para resolver el destino definitivo del predio baldío. La intención oficial radica en reconvertir el espacio liberado mediante proyectos de urbanización social o plazas públicas, evitando de este modo que las bandas delictivas remanentes vuelvan a usurpar la tierra para instalar nuevos puestos de comercio ilegal.

Con el procedimiento de este lunes, las estadísticas de la aplicación de la Ley de Microtráfico reflejan un total de 78 búnkeres inactivados y demolidos de forma exclusiva en la ciudad de Rosario desde la entrada en vigencia de la norma provincial a principios de 2024. A nivel de todo el territorio de la provincia de Santa Fe, la cantidad de intervenciones de demolición forzosa asciende a 133 operativos, consolidando una herramienta legal que agiliza los tiempos judiciales y le quita capacidad edilicia de despliegue a las bandas narco criminales que operan en los barrios más postergados.

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De acuerdo con información difundida por: La Capital