Denuncian a Bauen Pilay en Rosario por presunta administración fraudulenta
Los penalistas Josefina Roldán y Fernando Sirio recurrieron al Ministerio Público de la Acusación para solicitar que se investigue el accionar de la desarrolladora inmobiliaria.
La controversia judicial y financiera en torno a los fideicomisos inmobiliarios sumó un nuevo capítulo de alta gravedad institucional en la provincia de Santa Fe. Los abogados penalistas Josefina Roldán y Fernando Sirio formalizaron una denuncia penal ante la Fiscalía N.º 2 de la ciudad de Rosario para que se investigue a la firma Bauen Pilay por la presunta comisión del delito de administración fraudulenta y otras posibles figuras delictivas conexas. La presentación judicial, si bien se originó a partir del reclamo individual de un damnificado, saca a la luz un conflicto estructural que, según las estimaciones de los profesionales intervinientes, podría alcanzar a más de 12.000 ahorristas distribuidos entre los conglomerados urbanos de Rosario y la capital provincial.
La acusación centra sus argumentos en el incumplimiento de normativas del organismo de contralor nacional y en el ocultamiento sistemático de información clave a los suscriptores de los planes de ahorro para la vivienda. Los letrados sostienen que la empresa continuó comercializando contratos inmobiliarios bajo modalidades operativas que ya habían sido objetadas y delimitadas por resoluciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) y fallos de la justicia federal, configurando una maniobra prolongada en el tiempo que afectó el patrimonio de miles de familias santafesinas.
El caso reabre el debate sobre los mecanismos de fiscalización pública sobre los sistemas de ahorro previo destinados a la construcción de inmuebles. La complejidad del esquema contractual, combinado con los cambios unilaterales en las estrategias de desarrollo urbano de la compañía, mantiene en estado de incertidumbre a los adquirentes que abonaron cuotas durante décadas sin lograr la adjudicación ni la escrituración de sus unidades habitacionales.
La resolución de la IGJ y las irregularidades en la comercialización
El origen de las anomalías señaladas en el expediente penal se remonta a más de dos décadas atrás. Según explicó el abogado Fernando Sirio durante una entrevista en el programa Versión Noticias, emitido por la plataforma Vorly Streaming, la Inspección General de Justicia dictó en el año 2003 la Resolución 1459, una medida de alcance nacional que dispuso el cese inmediato de determinadas modalidades operativas que la empresa llevaba adelante para captar fondos del público.
Pese a la notificación formal del organismo regulador, la firma desarrolladora interpuso recursos administrativos y judiciales para frenar la aplicación de la sanción, utilizando el efecto suspensivo de las apelaciones para dar continuidad a la firma de nuevos convenios comerciales. Esta conducta, a criterio de los denunciantes, vulneró el marco legal vigente y expuso a los clientes a un riesgo patrimonial no informado.
"Ellos recurrieron esa resolución y siguieron usufructuando del efecto suspensivo del recurso. Lo interpretaron como una habilitación para continuar celebrando contratos de la misma manera. No pensaron en la gente", afirmó el penalista Fernando Sirio al analizar la estrategia corporativa adoptada por la firma.
El letrado profundizó el encuadre jurídico de la presentación y remarcó que la conducta desplegada por la empresa excede el ámbito del fuero civil o comercial. "No hubo solamente un incumplimiento de Bauen; hubo un incumplimiento de la ley. Estaban fuera del control del Estado y esos contratos no podían realizarse con inmuebles. Sin embargo, continuaron comercializando", sostuvo el abogado ante los micrófonos de la señal de streaming.
El ocultamiento de información y la figura del silencio en la estafa
Otro de los pilares conceptuales que estructuran la denuncia penal radicada en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) apunta a la omisión deliberada de datos financieros y jurídicos al momento de sellar los acuerdos con los ahorristas. Los profesionales del derecho hicieron hincapié en la doctrina del silencio como un elemento constitutivo del engaño en los delitos contra la propiedad y los derechos de los consumidores.
Según la exposición de los letrados, la empresa omitió notificar a los adquirentes sobre los reveses judiciales y los emplazamientos administrativos que pesaban sobre su matriz operativa. En el año 2011, la Cámara Nacional de Apelaciones otorgó un plazo perentorio para que la compañía adecuara su estructura a las exigencias normativas del Estado nacional; no obstante, la firma habría continuado suscribiendo contratos bajo el mismo esquema cuestionado.
"La figura del silencio, desarrollada por la doctrina alemana, también puede configurar una estafa. Entendemos seriamente que hubo información que se omitió comunicar y que eso representó un ocultamiento para los consumidores", argumentó Sirio sobre la falta de transparencia en la relación contractual.
Por su parte, la abogada Josefina Roldán detalló los alcances de la presentación formal realizada a fines de mayo ante los fiscales rosarinos. "Solicitamos que la Fiscalía N.º 2 investigue. Inicialmente planteamos la posible existencia del delito de administración fraudulenta, pero durante el análisis advertimos otros hechos que podrían estar conectados", explicó la letrada, quien vinculó el origen del problema con un proceso de flexibilización operativa iniciado en la década de 1990.
Cuestionamientos al cambio de rumbo empresarial y los miles de afectados
La estrategia legal impulsada en Rosario cuestiona además las recientes decisiones comerciales adoptadas por la conducción ejecutiva de la firma. Los denunciantes hicieron referencia a declaraciones públicas del actual CEO de la compañía, quien confirmó una reorientación de los proyectos inmobiliarios hacia desarrollos urbanísticos periféricos o alejados de los centros urbanos tradicionales.
Para la doctora Roldán, esta modificación unilateral en los planes de edificación resulta absolutamente incompatible con los compromisos asumidos en los contratos originales. Miles de suscriptores aportaron sus ahorros bajo la premisa de acceder a departamentos ubicados en zonas consolidadas de la ciudad, por lo que el traslado de las obras hacia áreas suburbanas altera las condiciones esenciales de adjudicación y degrada el valor final de la inversión realizada por los adquirentes.
En cuanto a la dimensión del impacto social, los letrados calcularon una masa de potenciales perjudicados que escalaría a magnitudes inéditas para la región. Se estima que tan solo en el departamento Rosario existirían cerca de 6.000 personas afectadas por los retrasos e inconsistencias operativas, una cifra equivalente a la proyectada para la capital santafesina.
Ante la falta de censos institucionales precisos, el Concejo Municipal de Rosario aprobó una resolución tendiente a confeccionar un relevamiento oficial de adquirentes y estado de avance de las obras. Para la abogada Josefina Roldán, la obtención de datos certeros por parte del Estado municipal y provincial resulta un requisito indispensable para garantizar que los ciudadanos perjudicados puedan ejercer su derecho a la defensa y exigir la restitución o adecuación de sus fondos.
De acuerdo con información difundida por: Versión Rosario
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