El lunes 14 de octubre de 2026, un grupo de agresores irrumpió en la vivienda del ex coronel Rodolfo Enrique Godoy, de 89 años, y su esposa, también de 89, en el barrio Stella Maris de Mar del Plata, dejándolos atados y golpeados. El hecho reaviva el debate sobre la protección de los condenados por crímenes de lesa humanidad y la seguridad en la zona costera.
Alrededor de las 09:30 h, testigos escucharon voces y golpes provenientes de la casa ubicada en la calle 12, número 345, del exclusivo sector de Stella Maris. Según la Policía de la Provincia, los asaltantes ingresaron forzando la puerta principal, sujetaron a la pareja con cuerdas y la agredieron con puñaladas y golpes antes de huir en un vehículo negro sin placas.
Rodolfo Enrique Godoy, ex coronel del Ejército argentino, fue condenado en 2018 a 30 años de prisión por su participación en la represión durante la última dictadura militar (1976‑1983). Entre los delitos se contabilizan secuestros, torturas y desapariciones forzadas de militantes políticos, hechos que le valieron la condición de responsable de crímenes de lesa humanidad.
Tras la condena, el Tribunal Federal de Mar del Plata concedió a Godoy el beneficio de prisión domiciliaria en 2022, bajo la premisa de su avanzada edad y problemas de salud. La medida incluía vigilancia electrónica y rondas de la policía local, aunque la familia había solicitado refuerzo de la seguridad tras amenazas previas de grupos extremistas.
La investigación policial ha identificado a tres sospechosos mediante imágenes de cámaras de seguridad cercanas y rastreo del número de matrícula del vehículo de fuga. Dos de los detenidos, de 27 y 31 años, fueron arrestados el martes en la zona de Punta Mogotes; el tercero sigue prófugo y se busca activamente.
Organizaciones de derechos humanos, como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), condenaron el ataque y pidieron al Estado garantizar la protección de los condenados, aunque subrayaron que la violencia no debe normalizarse ni ser utilizada como forma de “justicia” popular.
El gobernador de la Provincia, Juan Sáez, declaró que el caso será tratado con la mayor rigurosidad y ordenó reforzar la vigilancia en los barrios donde residen personas con antecedentes judiciales de alta notoriedad, mientras que el Ministerio de Seguridad federal anunció la revisión de los protocolos de protección para internos bajo arresto domiciliario.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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