Maximiliano Pullaro respaldó públicamente a María Cecilia Vranicich y acusó a la Casa Gris de planear acciones que, según él, pretenden minar la independencia del Ministerio Público de la Acusación, en un discurso entregado el 30 de septiembre en el histórico edificio de la Casa de Gobierno.
El senador nacional Maximiliano Pullaro tomó la tribuna del Salón de los Pasos, en la Casa Gris de la Provincia de Buenos Aires, para anunciar su “apoyo incondicional” a la fiscal Vranicich, quien había sido designada como titular de la Unidad de Delitos de Corrupción el 12 de septiembre. Pullaro subrayó que la decisión del gobernador Axel Kicillof de intervenir la unidad representaba “una agresión directa al Estado de Derecho”.
María Cecilia Vranicich, abogada con más de veinte años de trayectoria en la Fiscalía, había encabezado investigaciones clave contra exfuncionarios del gobierno provincial durante 2023. Su nombramiento había sido recibido con elogios por la sociedad civil, pero también con recelo por sectores que la vinculaban a procesos judiciales contra figuras cercanas al oficialismo.
El senador denunció que, desde la semana del 5 de septiembre, se habían iniciado “operaciones coordinadas” para debilitar al Ministerio Público de la Acusación: la reducción del presupuesto de la unidad en un 15 % para el ejercicio 2027, la reasignación de 12 fiscales a áreas de menor relevancia y la apertura de una causa disciplinaria contra Vranicich por supuesta “omisión de deberes”.
Organizaciones como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad y la Asociación de Periodistas Judiciales emitieron comunicados el 2 de octubre, condenando lo que calificaron de “intento de censura institucional”. En la Cámara de Diputados provincial, la bancada opositora presentó una moción de interpelación al gobernador, exigiendo la revocación de las medidas contra la Fiscalía.
Analistas políticos de la Universidad de La Plata advierten que la pugna podría escalar a un conflicto constitucional, ya que el Ministerio Público de la Acusación está protegido por la Constitución nacional. La fecha límite para que el gobernador firme la orden de reasignación es el 15 de octubre, y cualquier retraso podría desencadenar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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