La polémica alrededor de la Ley 27.640, que regula los biocombustibles, ha escalado en el Congreso a medida que el gobierno impulsa una agenda de libre mercado. El oficialismo sostiene que la normativa, vigente desde junio de 2022, ya no sirve porque “el Estado debe correrse” y la competencia debe ordenar el sector. La discusión se centra en si la desregulación favorece la inversión o genera vulnerabilidades para los consumidores y la industria nacional.
Promulgada el 15 de junio de 2022, la Ley 27.640 estableció un mandato de mezcla obligatoria del 10 % de biodiesel en el combustible diésel comercial, con el objetivo de reducir la dependencia del crudo importado y disminuir las emisiones de CO₂. El texto también creó el Fondo Nacional de Biocombustibles, financiado con un 2 % del valor de la mezcla, y fijó incentivos tributarios para productores locales.
En el primer año de vigencia, la producción nacional alcanzó 1,2 millones de toneladas de biodiesel, según datos de la Secretaría de Energía, lo que representó un 15 % del consumo total de diésel en el país. Los precios al por menor del diésel descendieron un 8 % respecto al mismo periodo de 2021, pero el ahorro se concentró en grandes flotas, mientras que los transportistas independientes reportaron aumentos de hasta un 12 % en los costos de combustible.
El ministro de Energía, Alejandro García, defendió la derogación señalando que “el mercado, no la burocracia, debe fijar los precios y la calidad del biocombustible”. En una rueda de prensa el 28 de julio de 2024, García anunció la intención de eliminar los controles de precios y permitir que la libre competencia regule la oferta, argumentando que la medida atraerá capital extranjero y modernizará la cadena productiva.
Por su parte, la líder de la oposición, María López, presidenta del bloque progresista en la Cámara de Diputados, advirtió que la eliminación de la normativa provocaría una volatilidad de precios que afectaría a los pequeños transportistas y a los agricultores que dependen de la demanda de aceite vegetal. López citó un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) que muestra que el 42 % de los transportistas de la zona sur del país ya han experimentado una reducción del margen de ganancia desde la entrada de la ley.
El proyecto de derogación, presentado el 12 de agosto de 2024, será votado en la Comisión de Energía el 5 de septiembre y en el pleno de la Cámara el 19 de septiembre. El oficialismo cuenta con el apoyo de los bloques de centro-derecha, mientras que el bloque progresista y varios senadores independientes han anunciado su intención de bloquear la iniciativa o, al menos, de introducir enmiendas que mantengan un nivel mínimo de regulación.
Analistas del mercado, como la consultora Energía y Futuro, anticipan que la incertidumbre legislativa podría retrasar inversiones de al menos 300 millones de dólares en nuevas plantas de biodiesel, según sus proyecciones de 2025. En contraste, el sector agroindustrial espera que la continuidad de la mezcla obligatoria garantice una demanda estable de aceite de soja y girasol, pilares de la producción nacional de biocombustibles.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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