La adjudicación del 90 % de la gestión de AySA al consorcio liderado por Rowing S.A. ha reavivado la polémica sobre la “mano negra” de los hermanos Neuss, cuya participación indirecta y la cercanía de varios empresarios con el gobierno ponen en tela de juicio la transparencia del proceso y el futuro tarifario de 14 millones de usuarios.
El 12 de junio de 2024 el Ministerio de Obras Públicas emitió la Resolución 384/2024, que aprobó la venta mayoritaria de la empresa pública de agua y saneamiento a un consorcio encabezado por Rowing S.A., fundada en 1998 por el ingeniero Walter Román, y Transclor, la firma de Mauricio Filiberti, activo en la industria de plásticos y logística. La operación, valorada en 5.200 millones de pesos, incluye la transferencia de 90 % de las acciones y la asunción de pasivos ambientales estimados en 1.100 millones.
Investigaciones periodísticas revelan que Juan y Patricio Neuss, hermanos con antecedentes en el sector energético y vinculados a la firma de consultoría Global Infra, aparecen como accionistas de pantalla a través de la sociedad offshore “Aqua Holdings Ltd.”, la cual posee el 12 % del capital de Rowing S.A. La participación indirecta de los Neuss se confirmó mediante registros del Registro Público de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consultados el 5 de julio de 2024.
El proceso de valuación de AySA ha sido cuestionado por la consultora independiente KPMG, que advirtió una sobrevaloración del 18 % respecto a los indicadores de mercado de compañías similares en la región. KPMG presentó su informe a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) el 22 de junio, señalando que la metodología empleada por el Ministerio no consideró adecuadamente los pasivos de contaminación del Río de la Plata, que ascienden a 450 000 metros cúbicos de residuos industriales no tratados.
Los críticos también subrayan la falta de una licitación pública y la asignación directa del contrato a los “empresarios favoritos del Gobierno”, entre ellos el exministro de Economía, Roberto Lavagna, y el empresario de energía, Gustavo Grobocopatel, quienes habrían influido en la decisión mediante reuniones privadas en el Palacio de los Tribunales el 3 de junio de 2024.
El impacto sobre los usuarios es inmediato: la Comisión Nacional de Regulación del Agua (Conagua) advierte que la nueva estructura tarifaria podría implicar un aumento del 12 % en la factura promedio, según el modelo de costos presentado por la empresa gestora en su plan de negocios de 2025. La organización de consumidores Agua y Sociedad ya convocó una marcha en la Plaza de Mayo para el 15 de agosto, exigiendo mayor transparencia y la revisión de los términos del contrato.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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