El Ejecutivo anunció que recurrirá la sentencia del juez federal Martín Cormick que obligó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, pese a que el presidente había vetado la norma. La medida, que se basa en el decreto 759/2025, genera incertidumbre sobre la continuidad del programa de subsidios a estudiantes y la relación entre Poder Judicial y Gobierno.
El fallo, dictado el martes 3 de octubre en la sede del Juzgado Federal N.º 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sostuvo que el decreto 759/2025 no puede limitar la ejecución de una ley aprobada por la mayoría del Congreso, aun cuando el veto presidencial haya sido levantado por la Cámara de Diputados.
La Ley de Financiamiento Universitario, sancada por el Congreso el 12 de julio de 2024, destinó 45 mil millones de pesos al subsidio de matrícula y becas para 300 000 estudiantes de instituciones públicas y privadas sin fines de lucro. El presidente había vetado parcialmente el proyecto, argumentando desequilibrios presupuestarios.
Ante la decisión judicial, el Ministerio de Educación emitió un comunicado indicando que el gobierno “presentará los recursos correspondientes dentro del plazo legal” y que continuará con la implementación del decreto mientras se resuelve la apelación.
El sindicato de docentes universitarios (SADU) calificó la sentencia de “victoria para la educación pública” y advirtió que cualquier retraso en la financiación podría afectar a más de 120 universidades que dependen del esquema para cubrir costos operativos.
Por su parte, la bancada oficialista del Frente de Todos en el Congreso señaló que la apelación no altera la obligatoriedad del financiamiento y que el Ejecutivo está “respetando la voluntad del Poder Legislativo”. El senador Carlos Gómez, presidente de la Comisión de Educación, prometió acompañar el proceso judicial.
Expertos en derecho constitucional, como la profesora María López de la Universidad Nacional de La Plata, advierten que el conflicto podría escalar hasta la Corte Suprema si la apelación es rechazada, lo que abriría un precedente sobre la interacción entre decretos de urgencia y leyes aprobadas.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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