
El Ejecutivo presentó hoy un recurso de apelación contra la sentencia del juez Martín Cormick que declaró inconstitucional el decreto 759/2025, el cual había condicionado la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario a la definición de fuentes de recursos y su incorporación al presupuesto nacional.
En la mañana del 8 de octubre de 2026, la Oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno, encabezada por el subsecretario de Justicia, presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el recurso de nulidad contra la decisión del juez Cormick, dictada el 12 de septiembre de 2026.
El decreto 759/2025, firmado por el presidente Sergio Massa el 15 de julio de 2025, establecía un financiamiento de 120.000 millones de pesos para la educación universitaria y una recomposición salarial del 15 % para el magisterio docente, siempre que el Congreso aprobara las partidas presupuestarias correspondientes.
El fallo de Cormick argumentó que la condición impuesta por el decreto vulneraba el principio de legalidad presupuestaria y la autonomía universitaria, al delegar al Poder Ejecutivo la determinación de los recursos sin la intervención del Congreso.
Tras la apelación, el Ministerio de Educación anunció que, mientras se resuelva la controversia judicial, se mantendrá la asignación provisional de 30 % de los fondos previstos, destinándolos a becas de movilidad y a la contratación de docentes temporales en 15 universidades públicas.
Los rectores de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata expresaron su preocupación por la incertidumbre financiera, advirtiendo que la falta de recursos definitivos podría retrasar la implementación de los planes de mejora curricular y la actualización de salarios docentes.
Por su parte, la Confederación de Docentes Universitarios (CDU) convocó a una marcha nacional para el 22 de octubre, exigiendo al Gobierno que garantice la plena vigencia de la ley y que el Congreso apruebe de inmediato las partidas presupuestarias necesarias.
El Congreso, con mayoría de la coalición oficialista, ha indicado que presentará una iniciativa de ley para regular el financiamiento universitario antes del cierre de la sesión ordinaria en diciembre, intentando evitar una nueva paralización del sector.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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