La oposición, encabezada por La Libertad Avanza, busca frenar la derogación del DNU 70/23 que elimina la Ley de Tierras, negociando límites a la venta de inmuebles a extranjeros antes de que el proyecto de Propiedad Privada sea votado en el Congreso.
El martes 24 de septiembre de 2026 la Corte Suprema de Justicia confirmó la constitucionalidad del DNU 70/2023, que suprime la normativa que regulaba la tenencia de tierras agrícolas y forestales en Argentina. La decisión provocó una fuerte reacción de los sectores agrarios y de la oposición, que temen una mayor concentración de la propiedad por parte de inversores internacionales.
Javier Milei, presidente de La Libertad Avanza y exdiputado nacional, anunció que su bloque negociará la incorporación de un artículo restrictivo al proyecto de Ley de Propiedad Privada, que será tratado en la Cámara de Diputados a partir del 5 de octubre. “No podemos permitir que el DNU se mantenga sin contrapesos; la soberanía sobre nuestra tierra es esencial”, declaró en una entrevista en la sede del partido en Buenos Aires.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en 2025 los extranjeros poseían el 12 % de la superficie agrícola total del país, concentrada mayormente en la provincia de Buenos Aires y en la región pampeana. Los negociadores de LLA proponen limitar la compra a un máximo del 5 % del total de hectáreas por inversor extranjero y establecer una autorización previa del Ministerio de Desarrollo Territorial.
El proyecto de Ley de Propiedad Privada, presentado por el diputado Jorge Ferraresi (Frente de Todos), incluye una cláusula que permite la libre compraventa de tierras sin distinción de nacionalidad. La propuesta de LLA busca modificar esa cláusula para introducir un “tope de adquisición” y un “registro de beneficiarios finales” que obligaría a transparentar la titularidad real de los compradores.
Los gremios agropecuarios, representados por la Sociedad Rural Argentina (SRA), han expresado su apoyo a la medida de LLA, argumentando que la libre circulación de capitales no debe comprometer la seguridad alimentaria ni la capacidad de producción nacional. “Queremos inversión, pero bajo reglas que garanticen que la tierra siga en manos de quienes la trabajan”, afirmó el presidente de la SRA, Carlos Rios.
En el debate parlamentario, el bloque de La Libertad Avanza cuenta con 30 diputados y 12 senadores, lo que le otorga un peso significativo en la votación final. Si la medida es aprobada, la restricción entraría en vigor a los 60 días de su publicación en el Boletín Oficial, según lo estipulado por la Constitución.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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