El Congreso se prepara para una pugna sin precedentes entre la defensa de la soberanía agraria y la apertura del mercado inmobiliario a compradores extranjeros, tras la polémica derogación parcial de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/23.
El 12 de junio de 2024, el presidente lanzó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, que eliminó los topes a la tenencia de tierras por parte de extranjeros y simplificó los trámites de compra. La medida, anunciada en la Casa Rosada, pretendía “dinamizar la inversión” pero generó una ola de protestas en la Cámara de Diputados y en provincias agrícolas.
En la sesión plenaria del 18 de junio, la bancada opositora, encabezada por la diputada María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio) y el senador nacional Jorge Taiana (Frente de Todos), presentó una moción de rechazo al DNU, argumentando que vulnera la Constitución y la soberanía nacional al permitir la acumulación de tierras por conglomerados internacionales.
Frente a la presión, el oficialismo, bajo la conducción del presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Eduardo Bucca, anunció una “versión light” de la Ley de Tierras. El proyecto, que será discutido a partir del 25 de junio, mantiene la prohibición de compras mayores a 1.000 hectáreas por extranjeros, pero flexibiliza el límite de 15% del total nacional de superficie agrícola.
Los legisladores de la coalición gobernante también proponen crear un registro único de propietarios, administrado por la Secretaría de Agricultura, con el objetivo de monitorear la concentración de tierras y evitar la especulación. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de 2023, el 12% de la superficie agrícola está ya en manos de diez grupos empresariales extranjeros.
En la provincia de Mendoza, el gobernador Rodolfo Suárez (Juntos por el Cambio) emitió un comunicado el 20 de junio indicando que su gobierno apoyará la versión light siempre que incluya cláusulas de “prioridad nacional” para la adquisición de tierras estratégicas destinadas a la producción de alimentos básicos.
Mientras tanto, organizaciones campesinas como la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTE) han convocado una marcha nacional para el 5 de julio en la Plaza de Mayo, exigiendo la restitución total de la Ley de Tierras y la prohibición absoluta de ventas a extranjeros.
Escenarios legislativos
Si la moción de rechazo logra la mayoría requerida (176 votos), el DNU sería anulado y se reinstauraría la normativa anterior, con topes estrictos de 30% de superficie nacional para extranjeros y la obligación de autorización previa del Estado. En caso contrario, la versión light entraría en vigor, abriendo una brecha legal que podría traducirse en un aumento del 8% en la inversión extranjera en el sector agropecuario, según estimaciones del Banco Central de la República Argentina.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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