Cuatro diputados interpusieron un amparo el 8 de octubre en la Justicia Federal de la Capital para obligar al Ejecutivo a publicar la tasación oficial de AySA y bloquear la licitación que vendería el 90 % de la empresa estatal, señalando que la falta de información vulnera la transparencia del proceso de privatización.
Los legisladores María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio), Luis Petri (JxC), Cecilia Milstein y Juan S. Gutiérrez (Frente de Todos) presentaron la acción judicial ante la jueza María del Carmen Larrañaga, argumentando que el Gobierno Nacional no ha puesto a disposición del Congreso ni del público la valoración económica de AySA, pese a la exigencia constitucional de publicidad.
El Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía encabezado por Sergio Massa, había anunciado el 15 de septiembre de 2026 la intención de vender el 90 % de las acciones de la empresa, estimando que la operación podría generar alrededor de 1 200 millones de dólares en ingresos para financiar el plan de infraestructura del país.
Sin embargo, fuentes del propio Ministerio admiten que la tasación interna de AySA oscila entre 4 500 y 5 000 millones de dólares, cifra que, según los legisladores, difiere sustancialmente de la valuación que se ha usado en los estudios preliminares presentados a inversores extranjeros.
La medida cautelar solicitada busca suspender la convocatoria de la licitación prevista para el 20 de octubre de 2026, mientras se esclarece la metodología de cálculo y se publica la documentación que respalde la cifra de valoración, evitando así que la adjudicación se realice bajo condiciones opacas.
Organizaciones de la sociedad civil, como Transparencia y Buen Gobierno, han respaldado la iniciativa de los diputados, recordando que la privatización de un servicio esencial como el agua requiere un proceso abierto que garantice la protección de los usuarios y la preservación de tarifas razonables.
El Gobierno, por su parte, ha manifestado que la información requerida está “en proceso de consolidación” y que la publicación se hará “tan pronto como se concluya la auditoría independiente”, sin precisar una fecha concreta.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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