La muerte de la activista Maricarmen Abascal ha encendido la tensión social en España; el Sindicato de Inquilinas, respaldado por varios sindicatos, ha anunciado un paro general para el 11 de noviembre, con la intención de presionar al Gobierno sobre la creciente crisis de la vivienda.
Maricarmen Abascal, de 45 años, falleció el 30 de octubre mientras participaba en una manifestación frente a la Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid, según informó la Fiscalía de Madrid. Su muerte ocurrió tras una intervención policial que dejó a varios manifestantes heridos y generó una ola de indignación en la sociedad civil.
El sábado 4 de noviembre, el Sindicato de Inquilinas emitió un comunicado desde su sede en la calle Gran Vía 12, Madrid, donde su portavoz, Alicia García, declaró que “la pérdida de Maricarmen no puede quedar en silencio” y anunció la convocatoria del paro general para el 11 de noviembre, con un llamado a la movilización nacional.
En el mismo comunicado, CCOO, UGT y CGT confirmaron su apoyo a la iniciativa, señalando que la huelga abarcará sectores como el transporte público, la educación y la sanidad. Ignacio Pérez, secretario general de CCOO en Madrid, precisó que los sindicatos aportarán recursos logísticos y legales a los inquilinos que enfrenten desahucios durante la protesta.
Las autoridades locales de Barcelona, Valencia y Sevilla ya han anunciado su respaldo a la jornada de huelga, organizando concentraciones en la Plaza del Sol de Barcelona y la Plaza del Pilar de Valencia. Se espera la participación de más de 200 mil personas, según datos preliminares del Ministerio de Trabajo.
El Ministerio de Vivienda, encabezado por la ministra Teresa Ribera, respondió el 5 de noviembre indicando que el Gobierno abrirá una mesa de diálogo con los sindicatos el 8 de noviembre y que revisará la reciente normativa de alquileres de 2023, que había provocado un aumento medio del 15 % en los precios de los pisos.
Este conflicto se inserta en una tendencia al alza de desalojos: la Asociación de Consumidores y Usuarios reportó 12 000 expulsiones judiciales en 2023, mientras que el Índice de Precios de Vivienda mostró una subida del 7,8 % en el último trimestre. La convocatoria del paro general busca revertir esa dinámica y evitar que casos como el de Abascal se repitan.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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