El secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, presentó su renuncia tras la presentación del proyecto de Presupuesto 2027, que incluye nuevos recortes en programas de inclusión. La decisión genera incertidumbre en la comunidad de personas con discapacidad y obliga al gobierno libertario a designar un sustituto en medio de una polémica fiscal. El anuncio se produjo el 12 de julio de 2026, justo antes de la apertura de la sesión legislativa.
Alejandro Vilches, quien asumió el cargo en enero de 2025 bajo la administración de Javier Milei, había defendido la ampliación de recursos para la rehabilitación y la accesibilidad urbana. Sin embargo, el borrador del Presupuesto 2027, enviado al Congreso el 10 de julio, propone una reducción del 15 % del financiamiento destinado al Programa Nacional de Accesibilidad (PNA) y la eliminación de la línea de subsidios para dispositivos de asistencia auditiva.
Los recortes forman parte de una serie de ajustes anunciados en el marco del plan de austeridad del Ministerio de Economía, encabezado por Sergio Massa. En el presupuesto anterior, de 2026, ya se había disminuido un 10 % el gasto en servicios de apoyo a la discapacidad, lo que provocó protestas en la Plaza de Mayo el 5 de abril y la presentación de 1 200 recursos de amparo ante la Corte Suprema.
La renuncia de Vilches fue formalizada mediante una carta dirigida al presidente Milei, entregada en la Casa Rosada el 11 de julio. En el documento, el funcionario manifestó su “imposibilidad de seguir representando a la comunidad de personas con discapacidad bajo un marco de recortes que vulneran derechos constitucionales”. La carta también solicitó la creación de una comisión interinstitucional para revisar los impactos sociales del ajuste.
Tras la dimisión, el jefe de Gabinete, Guillermo López, anunció que el Ministerio de Desarrollo Social iniciará un proceso de selección para un nuevo secretario, con la intención de cubrir el puesto antes del 30 de agosto. La medida busca evitar un vacío institucional que podría retrasar la ejecución de los programas vigentes y afectar la coordinación con los gobiernos provinciales.
Organizaciones como la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) y la Asociación de Familias de Personas con Necesidades Especiales (AFPN) han pedido al Congreso que revise el proyecto de presupuesto y garantice la continuidad de los fondos esenciales. En una rueda de prensa el 13 de julio, la presidenta de CONAPDIS, María García, advirtió que la falta de recursos podría incrementar la brecha de desigualdad y comprometer la rehabilitación de más de 200 mil beneficiarios en todo el país.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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