La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado el juicio oral de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, una decisión que pone en el foco la integridad del Ejecutivo y reaviva el debate sobre la separación entre la vida privada y la función pública.
El martes 23 de septiembre de 2024, el juzgado número 3 de la Audiencia Provincial de Madrid dictó la resolución que convoca a juicio a Begoña Gómez, quien será juzgada por un jurado popular compuesto por nueve ciudadanos. La decisión se produce tras una investigación que comenzó en junio de 2022, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción bajo la dirección de la fiscal María Fernández.
Los cargos que pesa sobre Gómez incluyen presunto tráfico de influencias para favorecer a empresas vinculadas a su familia, como la consultora “Gómez & Asociados”, y la supuesta malversación de fondos públicos mediante la adjudicación irregular de contratos de obra pública en la comunidad de Madrid entre 2019 y 2021.
El juez de instrucción, Antonio García, señaló en la sentencia que existen “indicios razonables” de que la acusada habría utilizado su posición para interceder ante el Ministerio de Fomento y la Consejería de Vivienda, logrando la adjudicación de licitaciones sin cumplir los requisitos de transparencia exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público.
El caso ha generado una fuerte reacción en el Congreso, donde el portavoz del Grupo Popular, Javier Ortega, demandó una “respuesta clara y rápida” del Gobierno, mientras que el portavoz del PSOE, José Luis Ábalos, defendió la presunción de inocencia y recordó que la justicia actúa de manera independiente.
Procedimientos judiciales
El proceso se llevará a cabo en la sala de juicios de la Audiencia Provincial, con la primera vista programada para el 15 de noviembre de 2024. La defensa, encabezada por la abogada Carmen López, ha solicitado la nulidad de la acusación por falta de pruebas directas, argumentando que los documentos presentados son “interpretaciones subjetivas” de actos administrativos rutinarios.
Si la sentencia resulta condenatoria, Begoña Gómez podría enfrentar una pena de hasta tres años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, según el Código Penal español. La decisión del tribunal será observada de cerca por organismos internacionales, que han señalado la importancia de la transparencia en los gobiernos democráticos.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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