El anuncio del proyecto Inocencia Fiscal II, presentado el 22 de julio, buscó canalizar dólares informales hacia la economía nacional; sin embargo, el propio ministro de Economía, Toto Caputo, y la secretaria legal, María Ibarzábal Murphy, mantienen más del 95 % de sus ahorros fuera del país, lo que genera polémica sobre la coherencia del Plan Colchón.
En una rueda de prensa celebrada en la Casa Rosada, Caputo y Ibarzábal describieron Inocencia Fiscal II como una herramienta para “regularizar” fondos en dólares que permanecen en el mercado negro, ofreciendo tasas preferenciales y garantías de repatriación. El programa, que se extiende hasta finales de 2025, pretende captar al menos US$ 3 mil millones que, según el Ministerio, están “encerrados” fuera del sistema financiero oficial.
Sin embargo, datos filtrados por la Comisión de Investigaciones Financieras (CIF) revelan que ambos funcionarios declararon en sus últimos formularios patrimoniales que poseen más de US$ 1 mil millones en cuentas en el exterior, lo que representa aproximadamente el 95 % de sus activos totales. Estas cifras fueron corroboradas por registros del Registro Nacional de Valores (RNV) obtenidos el 18 de julio.
El contraste entre la propuesta de incentivar la inversión interna y la práctica personal de los voceros ha reavivado el debate sobre la credibilidad del Plan Colchón, una política implementada en 2023 para crear reservas internacionales mediante la compra de dólares a precios oficiales. Economistas de la Universidad de Buenos Aires advierten que la falta de ejemplo por parte de los dirigentes podría desalentar a la clase media a participar del programa.
En el contexto de una inflación que supera el 140 % anual y una devaluación del peso que ha perdido el 70 % de su valor frente al dólar desde enero, la presión sobre los ahorros de los argentinos ha llevado a muchos a buscar refugio en monedas extranjeras. El Ministerio de Economía estima que el 40 % de la población posee dólares fuera del sistema, pero la discrepancia de los altos funcionarios podría minar la confianza necesaria para alcanzar la meta del plan.
Ante la creciente polémica, la oposición parlamentaria presentó una moción el 30 de julio para que el Congreso solicite una auditoría independiente de los patrimonios de Caputo e Ibarzábal. Mientras tanto, el presidente Javier Milei ha defendido la iniciativa, argumentando que “el plan funciona independientemente de la vida privada de sus gestores”.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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