Fernando Cerimedo, consultor cercano a Javier Milei, se vio envuelto en una polémica que combinó acusaciones penales en Bolivia y una disputa por el control del negocio del escrutinio provisorio, lo que culminó con su exilio forzado en medio de la primera mitad de 2024.
El 12 de enero de 2024, Cerimedo realizó una visita oficial a la Casa Rosada, donde sostuvo una reunión con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, para presentar un proyecto de “escrutinio provisorio” que buscaba centralizar la transmisión de resultados electorales en la nueva plataforma digital del gobierno.
Según documentos obtenidos del Registro Nacional de la Propiedad, el proyecto incluía la cesión de la infraestructura tecnológica de la empresa “VotoÁgil S.A.”, fundada por Cerimedo en 2019, al Estado, a cambio de un contrato de gestión que habría generado ingresos superiores a 150 millones de pesos en su primer año.
Sin embargo, el 3 de febrero de 2024, la Fiscalía de La Paz emitió una orden de captura internacional contra Cerimedo por presunto intento de homicidio contra su expareja, la activista boliviana María Elena Quispe, un caso que ya había sido investigado en 2022 pero que se reactivó tras su presencia en Argentina.
Ante la presión judicial, el presidente Milei, en una entrevista televisiva el 7 de febrero, afirmó que “no hay espacio para personas que se encuentren bajo investigación criminal en cargos de confianza”, señalando indirectamente a Cerimedo.
El 15 de febrero, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) informó que Cerimedo había abandonado la Casa Rosada y había sido localizado en Montevideo, Uruguay, donde solicitó asilo político alegando persecución política en Argentina.
El negocio del escrutinio provisorio en disputa
Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad, bajo la dirección de Aníbal Fernández, anunció el 20 de febrero la rescisión del contrato provisional con VotoÁgil y la adjudicación del proyecto a la empresa estatal “ElectroData”, citando “riesgos de integridad y conflicto de intereses”.
Expertos en procesos electorales, como la profesora de la Universidad de Buenos Aires, Lucía Martínez, señalaron que la interrupción del contrato provocó retrasos en la implementación del sistema de escrutinio digital previsto para las elecciones legislativas de octubre 2024.
El caso de Cerimedo ilustra la tensión entre la agenda de modernización de La Libertad Avanza y los escándalos personales que han sacudido a su círculo cercano, dejando una huella de incertidumbre en la gestión del nuevo gobierno.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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