Una denuncia presentada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional solicita investigar al ministro Luis Caputo y a la secretaria de Energía María Tettamanti por autorizar la incorporación de Southern Energy al Registro de Inversión y Gestión de Inversiones (RIGI), a pesar de la participación de Harbour Energy, empresa vinculada a la británica Premier Oil, sancionada por actividades petroleras en la zona de las Islas Malvinas.
El escrito, radicado el 4 de septiembre de 2024, señala que la decisión de incluir a Southern Energy en el RIGI vulneró la normativa de control de inversiones extranjeras, al permitir la entrada de capitales vinculados a una compañía bajo sanciones internacionales por operar en territorio disputado.
Harbour Energy, que controla el 40 % del capital de Southern Energy, había sido incluida en la lista de entidades sancionadas por la Unión Europea en marzo de 2023 por su participación en proyectos de extracción de hidrocarburos en las Islas Malvinas, territorio reclamado por Argentina.
El denunciante, un ex‑funcionario del Ministerio de Economía, indica que la autorización se realizó mediante una resolución ministerial firmada el 12 de agosto de 2024, sin que se efectuaran los controles de antecedentes requeridos por la Ley de Inversiones Extranjeras (Ley 27.551).
María Tettamanti, encargada de la cartera de Energía, habría recibido la solicitud de ingreso de Southern Energy el 28 de julio de 2024 y, según el documento judicial, aprobó la incorporación sin solicitar el informe de la Comisión Nacional de Energía, que debía evaluar el riesgo de sanciones.
Los fiscales de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional abrieron la causa bajo la causa penal “Abuso de funciones y omisión del deber de control”, y ordenaron la citación de Caputo y Tettamanti para rendir cuenta del proceso de autorización.
Si bien el gobierno argentino ha reiterado su postura de no reconocer la soberanía británica sobre las Malvinas, la denuncia pone en evidencia la complejidad de las relaciones económicas internacionales y la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno para evitar la legitimación de entidades sancionadas.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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