El gobierno británico reforzó este viernes su política comercial sobre las Islas Malvinas, denunciando como “inaceptables” las sanciones argentinas impuestas a empresas vinculadas al sector energético y de infraestructura, y advirtiendo que carecen de fundamento jurídico.
En un comunicado oficial emitido desde Londres, la Subsecretaria Parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, afirmó que el Reino Unido mantiene su “derecho soberano” sobre las Islas Malvinas y que cualquier medida que pretenda restringir la actividad económica en el archipiélago es contraria al derecho internacional.
Las sanciones argentinas, anunciadas el 11 de septiembre por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación bajo la dirección del presidente Javier Milei, apuntan a compañías británicas y argentinas que operan en la zona, entre ellas la firma de energía PetroMalvinas Ltd. y la constructora Atlantic Works, acusándolas de “colaborar con la ocupación”.
El Reino Unido respondió el 13 de septiembre, fecha en que se ratificó la política comercial, señalando que las medidas argentinas “carecen de justificación legal” y que el Reino Unido seguirá garantizando la libre circulación de bienes y servicios en las islas, respaldado por la legislación del Reino Unido sobre territorios de ultramar.
En la misma declaración, Kumaran recordó que el Parlamento británico aprobó en 2023 la Ley de Soberanía de las Malvinas, la cual refuerza el compromiso de Londres con la defensa de los intereses económicos y estratégicos de la comunidad isleña, incluida la explotación de recursos marítimos en la zona económica exclusiva.
Expertos del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Oxford, como la profesora María López, advirtieron que la escalada de tensiones podría afectar la inversión extranjera en la región, pues los inversores temen sanciones cruzadas y la incertidumbre jurídica que genera la disputa.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, a través del canciller Santiago Pietri, reiteró que las sanciones son una respuesta legítima a la “ocupación colonial” y que buscará apoyo en organismos multilaterales para legitimar sus medidas.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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