Las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum aseguraron el viernes que las sanciones anunciadas por el presidente Javier Milei no detendrán el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, y confirmaron que mantendrán el calendario de inversión previsto para 2028.
En una rueda de prensa en Londres, el director ejecutivo de Rockhopper, John Miller, declaró que “las medidas adoptadas por el Gobierno argentino son de carácter simbólico y no alteran los acuerdos contractuales firmados con el Reino Unido y la Unión Europea”. La compañía subrayó que el proyecto cuenta con una inversión total de US$ 2.4 mil millones y que los fondos ya están comprometidos en cuentas offshore bajo la jurisdicción de las Islas Caimán.
Sea Lion, descubierto en 2019 por la empresa australiana Origin Energy, se sitúa a 150 km al norte de la costa de las Malvinas y se estima que contiene entre 1.3 y 1.5 mil millones de barriles de petróleo recuperables. La producción prevista es de 80 000 barriles por día, con una fase de desarrollo que iniciará en el tercer trimestre de 2027 y una puesta en marcha comercial para mediados de 2028.
El presidente Javier Milei, en una cadena nacional emitida el 30 de agosto de 2026, firmó el decreto 2026‑048 que prohíbe cualquier inversión extranjera en actividades de extracción de hidrocarburos en las Malvinas y ordenó el congelamiento de activos de empresas vinculadas al proyecto. El anuncio incluyó la amenaza de sanciones financieras y la expulsión de representantes de las compañías del territorio argentino.
El gobierno británico, a través del Departamento de Energía, reiteró el 2 de septiembre que el contrato de exploración de Sea Lion sigue vigente y que cualquier intento de interferencia “violaría los acuerdos internacionales”. Estados Unidos, por su parte, mantuvo su posición de apoyo a la soberanía británica sobre el archipiélago y señaló que no reconocerá las sanciones argentinas.
Rockhopper y Navitas argumentan que la infraestructura logística del proyecto depende de puertos y plataformas controlados por el Reino Unido, lo que dificulta que una medida unilateral argentina tenga repercusión operativa. Además, ambas compañías cuentan con seguros de riesgo político emitidos por compañías suizas, los cuales cubren eventuales pérdidas derivadas de decisiones gubernamentales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina respondió el viernes mediante un comunicado que “las sanciones son una respuesta legítima a la ocupación ilegal de las Malvinas y se mantendrán vigentes hasta que se respeten los derechos soberanos del país”. El comunicado también anunció la apertura de un expediente ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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