Los documentos presentados a la CNV revelan que el consorcio Neuss utilizó reservas internas de Transener para financiar la compra de la empresa, una práctica típica de las privatizaciones argentinas que podría afectar la transparencia del proceso y la valoración de los activos públicos.
El 12 de marzo de 2024, la Comisión Nacional de Valores recibió una serie de informes de la firma de auditoría BDO Argentina que describen la operación financiera llevada a cabo por el consorcio liderado por Juan y Patricio Neuss para adquirir la mayor parte de la transportadora de energía eléctrica Transener. Según los documentos, el consorcio destinó un fondo de reserva interno de la propia Transener, equivalente a aproximadamente 350 millones de pesos, para cubrir parte del pago del precio de compra.
La venta de la participación estatal en Transener, anunciada por el Ministerio de Economía el 8 de junio de 2022, consistió en la enajenación del 51 % del capital de la empresa por un total de US$ 1.500 millones. El acuerdo fue formalizado el 30 de septiembre de 2022, cuando el consorcio Neuss tomó control de la compañía, convirtiéndose en el principal transportista de energía eléctrica del país, con una red de más de 8 000 km de líneas de alta tensión.
En la práctica, la maniobra consistió en que el propio balance de Transener destinó utilidades retenidas acumuladas entre 2019 y 2021 a un “fondo de reserva operativa”, el cual fue luego transferido al consorcio como parte del pago. Esta estrategia permite reducir la salida de efectivo del comprador, pero también disminuye el capital disponible para inversiones y mantenimiento de la infraestructura crítica.
Expertos del sector, como la economista Laura Martínez del Instituto de Estudios de la Energía (IEE), advierten que el uso de reservas internas puede sesgar la valoración real de la empresa y limitar la capacidad de la entidad para financiar futuros proyectos de expansión. “Es una jugada que, aunque legal, plantea dudas sobre la equidad del proceso de privatización y la protección del patrimonio público”, señaló Martínez en una entrevista el 14 de marzo.
La CNV ha abierto una investigación preliminar para determinar si la operación cumple con la normativa de divulgación de información relevante y si se respetaron los principios de transparencia exigidos por la Ley de Mercado de Capitales. La autoridad tiene un plazo de 60 días para dictaminar y, de ser necesario, imponer sanciones o solicitar la reversión de la transacción.
Mientras tanto, el gobierno nacional, a través del subsecretario de Energía, Alejandro Gómez, reiteró que la privatización de Transener se realizó bajo los criterios de eficiencia y competitividad, y que cualquier revisión debe respetar los acuerdos internacionales firmados con los inversores. “Nuestro objetivo es garantizar la continuidad del suministro y la inversión en la red, sin que se comprometan los intereses del Estado”, afirmó Gómez en una rueda de prensa el 20 de marzo.
El caso de Transener se suma a un historial de operaciones de privatización en Argentina donde se han utilizado fondos de reserva para financiar adquisiciones, como ocurrió con la venta de la empresa de gas YPF en 1993 y la privatización de la aerolínea Aerolíneas Argentinas en 1998. Estas prácticas han sido objeto de debate recurrente entre legisladores, analistas y la sociedad civil.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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