Tras la derrota legislativa del proyecto de reforma de morosidad y discapacidad en la Cámara de Diputados, la Casa Rosada intentó reencuadrar la situación como una decisión estratégica, evitando reconocer el revés y presentando el aplazamiento como una medida de consenso responsable.
El miércoles 12 de junio de 2024 la Cámara de Diputados votó el proyecto de reforma de la Ley de Morosidad y del régimen de pensiones por discapacidad con 172 votos a favor y 196 en contra, marcando la primera derrota significativa del gobierno de Alberto Fernández en la agenda económica del año.
Al día siguiente, la Oficina de Comunicación de la Casa Rosada emitió un comunicado en el que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, describió la postergación del tratamiento legislativo como “el menor de dos males” y aseguró que permite “construir una base más amplia para una reforma que beneficie a la mayoría de los argentinos”.
Los legisladores de la oposición, encabezados por el bloque Juntos por el Cambio y la diputada Victoria Villarruel, denunciaron que el Ejecutivo buscaba “silenciar la discusión” y acusaron al gobierno de manipular la agenda para evitar la exposición pública de su derrota.
Una semana antes, el 5 de junio, en la sede de Balcarce 50, el presidente Fernández reunió a los gobernadores y les advirtió que “abran el recinto” a la discusión de la reforma, una amenaza que quedó sin efecto tras la votación adversa y que, según fuentes internas, generó tensiones entre la Nación y las provincias.
El contexto económico agrava la situación: el endeudamiento externo de Argentina supera los 300 000 millones de dólares y el índice de morosidad de pequeñas y medianas empresas se ubicó en el 25 % en el último trimestre, mientras que los beneficiarios de pensiones por discapacidad han visto reducidos sus ingresos en un 12 % tras los ajustes presupuestarios de 2023.
Analistas como María Eugenia Catalano, del Instituto de Estudios Políticos, advierten que la estrategia de “re‑enmarcar” la derrota busca desviar la atención pública de la falta de apoyo parlamentario y de la creciente presión social por una política de inclusión más robusta.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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