El testimonio de Antonio Bernardino Benítez, uno de los siete imputados en el caso de la desaparición de Loan Peña, ha reabierto la polémica sobre la supuesta participación de su exesposa y tía del menor, Laudelina. En la audiencia del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes, Benítez aseguró que la mujer “sabe la verdad” pero vivía bajo amenaza para no hablar. El giro de los hechos ha encendido la discusión pública y judicial sobre la protección de testigos y la responsabilidad familiar en delitos de sustracción infantil.
El juicio, iniciado el 3 de julio de 2024, se lleva a cabo en la sede del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, ubicada en la avenida San Martín de la ciudad de Corrientes. Los fiscales, liderados por la jueza María Cecilia López, han acusado a los siete imputados de conspirar para sustraer y ocultar al niño de 4 años, señalando como pieza clave la supuesta coacción ejercida sobre Laudelina, madre del menor.
Durante su declaración, Antonio Bernardino Benítez, de 42 años, describió que Laudelina, de 38 años, le había impedido proporcionar información sobre el “accidente” que habría provocado la desaparición. Benítez afirmó que la mujer le había dicho que “no podía decirme nada del accidente porque estaba amenazada”, insinuando la existencia de presiones externas que silenciaban su testimonio.
El abogado defensor de Benítez, Guillermo Pereyra, cuestionó la veracidad de la acusación, argumentando que no existen pruebas documentales que demuestren la supuesta amenaza a Laudelina. Sin embargo, el Ministerio Público presentó registros de llamadas telefónicas entre Benítez y Laudelina que coinciden con los momentos críticos del caso, reforzando la hipótesis de una coordinación interna.
Laudelina, quien también figura como acusada, ha mantenido una postura de silencio absoluto desde el inicio del proceso. Sus representantes legales solicitaron la medida de protección de testigos, alegando temores fundados por presuntas represalias de la red de acusados, mientras que la defensa del Estado insiste en que la falta de cooperación obstaculiza la reconstrucción de los hechos.
El caso ha generado una fuerte movilización social en Corrientes, con manifestaciones de familiares de víctimas de sustracción infantil que exigen una respuesta rápida y contundente del sistema judicial. La audiencia de hoy concluyó con la promesa del juez López de dictar una resolución preliminar antes del 15 de octubre, fecha en la que se espera que se definan las medidas cautelares contra los imputados y se establezca la posible prisión preventiva de Laudelina.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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