El intento de la presidenta Karina Milei de presionar a los gobernadores aliados de La Libertad Avanza fracasó en la Cámara de Diputados, donde la oposición logró abrir una sesión para debatir dos proyectos de ley críticos: uno sobre endeudamiento familiar y otro para prorrogar la emergencia en discapacidad.
El martes 3 de septiembre, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la convocatoria a una sesión extraordinaria a iniciativa del bloque del Frente de Todos, liderado por el diputado Eduardo de Pedro, para tratar el proyecto de Ley de Reestructuración de Deudas Familiares (LRDF) y la prórroga de la Emergencia por Discapacidad, cuyo vencimiento estaba previsto para el 30 de septiembre.
Karina Milei, jefa de Gabinete de la Presidencia, había intensificado la presión durante la semana previa, reuniéndose con los gobernadores de Córdoba (Guillermo Francos), Santa Fe (Dina Dublé) y Mendoza (Javier Milei), bajo la premisa de que los gobiernos provinciales debían alinearse con la agenda de reducción del gasto público y eliminar la "carga fiscal" de los programas sociales.
Los gobernadores, sin embargo, manifestaron su desacuerdo al señalar que la LRDF, que contempla la renegociación de créditos para 3,2 millones de hogares, carece de mecanismos de protección para los deudores más vulnerables y podría agravar la crisis del consumo interno, según explicó el gobernador de Córdoba en una rueda de prensa el lunes.
En la sesión, el diputado del bloque progresista, María Rosa Martínez, presentó datos del Ministerio de Desarrollo Social que indican que el 27 % de los hogares argentinos tiene alguna deuda en mora, y argumentó que la propuesta de Milei no incluye garantías de acceso a crédito responsable ni planes de acompañamiento financiero.
Frente a la imposibilidad de bloquear la discusión, Karina Milei anunció que el Ejecutivo está dispuesto a negociar modificaciones al texto, incluyendo la incorporación de un fondo de garantía estatal y la extensión de la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre, con el objetivo de evitar la interrupción de subsidios a 1,1 millones de personas con discapacidad.
De acuerdo con información difundida por: LETRA P
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