El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina puso en marcha procesos judiciales contra 45 empresas y personas vinculadas a la extracción de hidrocarburos en las Islas Malvinas, alegando violaciones al marco legal argentino y a la soberanía del territorio. La medida, anunciada el 5 de septiembre de 2026, afecta a actores de diez países y busca cerrar el llamado “circuito de licencias fantasma”.
El proceso sancionatorio fue formalizado en la sede de la Cancillería, ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen, Buenos Aires, donde se presentó la denuncia contra compañías que operan bajo supuestas licencias locales emitidas por entes no reconocidos por el Estado argentino. Entre los acusados figuran “Atlantic Oil Ltd.” (Reino Unido), “KazakPetro” (Kazajistán) y “Energia del Sur” (Israel).
Las investigaciones revelaron que los ejecutivos de alto nivel, como el director general de Atlantic Oil, John Whitaker, y la vicepresidenta de KazakPetro, Aiman Nursultan, recibieron pagos por servicios de perforación y logística en la zona de la cuenca del norte de la isla, pese a la falta de autorización oficial de la República Argentina.
El Ministerio de Economía, a través de la subsecretaría de Energía, aportó pruebas documentales que demuestran la existencia de contratos de suministro de equipos de perforación firmados en 2024 y 2025 con proveedores canadienses como “Northern Drilling Services”. Estas transacciones fueron realizadas mediante cuentas offshore, dificultando el rastreo de los fondos.
En respuesta, la Cancillería envió comunicaciones formales a los gobiernos de los países involucrados, solicitando la cooperación judicial y el congelamiento de activos vinculados a la actividad ilícita. Hasta la fecha, el Reino Unido ha manifestado que revisará los casos, mientras que Estados Unidos emitió un comunicado indicando que “respeta la jurisdicción argentina en la materia”.
Organizaciones ambientalistas locales, como “Salvemos las Malvinas”, han aplaudado la iniciativa del gobierno, argumentando que la extracción no autorizada pone en riesgo ecosistemas marinos únicos y vulnerables. La directora de la ONG, María González, señaló que la medida “refuerza la defensa de la soberanía y protege la biodiversidad de la región”.
El proceso judicial se extenderá durante los próximos meses, y la Fiscalía Federal ha anunciado que presentará cargos por delitos contra la administración pública y lavado de activos. La decisión podría sentar un precedente importante para la gestión de recursos naturales en territorios en disputa.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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