El debate sobre el destino del oro del Banco Central volvió a escalar tras la comparecencia de Santiago Bausili ante el Senado, mientras la senadora Florencia López acusó al gobierno de Milei de “robar el oro”. La polémica reaviva temores sobre la transparencia de la gestión de las reservas internacionales y su posible uso para financiar la agenda económica del nuevo mandatario.
El 12 de septiembre de 2024, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, respondió a una serie de preguntas de la Comisión de Economía del Senado, donde explicó que el 78,5 toneladas métricas de oro que posee el Estado están almacenadas en la bóveda del Banco de Inglaterra y en la Reserva Federal de Nueva York. Según el propio BCRA, ese metal tiene un valor estimado de 4,6 mil millones de dólares al tipo de cambio vigente.
Durante la misma sesión, la senadora Florencia López (Frente de Todos) solicitó detalles sobre la supuesta “repatriación” del oro anunciada en el decreto 2024‑15 de Javier Milei, que autoriza la transferencia de 10 toneladas a depósitos argentinos antes de fin de año. López afirmó que la falta de un inventario público y de auditorías independientes sugiere un desvío de los recursos.
El contexto histórico es clave: en 2022, bajo la gestión de la anterior administración, el BCRA vendió 100 toneladas de oro a inversores privados, generando una pérdida estimada de 1.200 millones de dólares según la Cámara de Diputados. Desde entonces, el gobierno de Milei ha prometido “recuperar la soberanía del oro”, pero no ha publicado un cronograma ni los criterios de selección de los compradores.
Expertos en finanzas internacionales, como el economista Ricardo López Mendoza de la Universidad de Buenos Aires, advierten que mover reservas sin la supervisión del Congreso vulnera la Ley de Fondos de Reserva y podría afectar la calificación crediticia del país. López Mendoza señaló que, de mantenerse la opacidad, el FMI podría reconsiderar la línea de crédito de 2 mil millones de dólares concedida en junio.
El Banco Central, por su parte, confirmó que el 30% del oro está destinado a “operaciones de cobertura cambiaria” y que los movimientos internos se realizan bajo la normativa de la Ley de Entidades Financieras. Sin embargo, la senadora López exigió la publicación inmediata de los contratos y la ubicación exacta de cada lingote, citando la necesidad de garantizar la “responsabilidad fiscal” ante la ciudadanía.
Mientras tanto, la oposición ha anunciado la presentación de una moción para crear una comisión bicameral de auditoría, que tendría acceso a los registros bancarios y a los documentos de los contratos de venta o traslado del oro. La medida, que se espera sea votada el 25 de septiembre, busca evitar que futuras administraciones manipulen las reservas sin control parlamentario.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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